En el marco de la COP16, la ministra de Justicia y Derecho de Colombia, Ángela María Buitrago, participó en el foro «Paz con Justicia Ambiental: una Apuesta Necesaria». Durante su intervención, abordó temas cruciales sobre la relación entre la paz, la justicia ambiental y la sostenibilidad, y destacó la importancia de estos elementos para la construcción de una Colombia más justa y sostenible.
La ministra enfatizó que la justicia ambiental en Colombia se construye a partir de cuatro principios fundamentales que guían la acción del Estado en la protección del medioambiente, y permiten que Colombia avance hacia un enfoque de justicia que considere no solo la protección de la naturaleza, sino también la seguridad humana y la paz duradera: justicia distributiva, justicia participativa, sostenibilidad y precaución.
En primer lugar, Buitrago aseguró que la justicia distributiva se enfoca en la equidad en la distribución de las cargas ambientales, lo que asegura que los impactos negativos de la degradación ambiental no afecten desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, como las indígenas, afrodescendientes y campesinas, quienes históricamente han sido las más impactadas por la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
“Pensar en la paz total no es simplemente decidir de la noche a la mañana cómo realizar una negociación o un diálogo. Se trata de entender que todo esto transversaliza esas negociaciones o diálogos, de reconocer que hay reglas de no ejecución para estos agentes contra el medioambiente. También implica entender que esos conflictos ambientales afectan a pueblos indígenas y afrodescendientes. Desde esa perspectiva, la justicia ambiental busca evitar la vulnerabilidad y la vulneración de estas poblaciones”, explicó la ministra.
El principio de justicia participativa resalta la importancia de involucrar a estas comunidades en la toma de decisiones ambientales. La ministra explicó que su participación activa es esencial para asegurar que sus conocimientos y perspectivas sean tenidos en cuenta en la gestión de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas. Esto permite que la justicia ambiental sea verdaderamente inclusiva, reconociendo y respetando la relación de estas comunidades con su entorno natural.
Por su parte, la sostenibilidad es un eje transversal que busca garantizar el uso responsable de los recursos naturales para proteger el derecho a un ambiente sano. Finalmente, el principio de precaución permite tomar medidas preventivas cuando existe sospecha de que una actividad pueda causar daños al medio ambiente, incluso si aún no se ha evidenciado de manera concreta. Este enfoque preventivo permite que las autoridades actúen antes de que se produzca un daño irreversible.
Buitrago añadió que el compromiso de Colombia con la justicia ambiental se enmarca en el Acuerdo de Escazú, ya que promueve ecosistemas saludables y una gestión sostenible de recursos para reducir el riesgo de conflictos y actividades ilícitas que promueven la degradación ambiental.
“No hay duda de que la paz, el desarrollo y la protección del ambiente son interdependientes e inseparables. El acuerdo final para la terminación del conflicto y el Acuerdo de Paz imponen compromisos a la sociedad y al Estado, promoviendo la construcción de una paz estable y duradera, centrada en las víctimas y en la participación de todos los ciudadanos. Cualquier método que busque pacificar y evitar el daño ambiental es bienvenido, ya que Colombia, con su rica biodiversidad, desempeña un papel crucial en la mitigación del cambio climático”, concluyó la jefe de esta cartera.
