Entre el 1 y el 13 de marzo de 2025, el Departamento del Atlántico ha registrado un total de 33 muertes violentas, un número alarmante que pone en evidencia la creciente inseguridad en la región.
De estos casos, al menos 7 víctimas mortales se encontraban en el rango de edad de entre 14 y 21 años, lo que resalta la vulnerabilidad de los jóvenes ante la violencia en la zona.
De acuerdo con los informes de las autoridades locales, Barranquilla lidera la cifra con 18 casos de homicidio, mientras que Soledad, uno de los municipios más afectados, reporta 9 muertes violentas en el mismo período. El delito de mayor impacto sigue siendo el homicidio, que, según los datos preliminares, ha aumentado considerablemente en comparación con meses anteriores.
Lo que resulta aún más preocupante es la actitud de algunas autoridades, que parecen centrarse en los antecedentes criminales de las víctimas como si esto justificara la violencia. En un contexto social donde la mayoría de la población se declara católica o cristiana, este tipo de justificaciones parecen contradecir los valores fundamentales de respeto a la vida y la dignidad humana. Aunque algunos titulares de medios de comunicación han destacado que muchas de estas víctimas tenían antecedentes penales, esto no debe ser motivo para celebrar ni minimizar la tragedia de sus muertes, que deben ser condenadas de igual manera.
Las autoridades aún no han dado una respuesta clara sobre las medidas que se implementarán para frenar este brote de violencia, que está dejando una profunda preocupación entre los ciudadanos y exigiendo acciones urgentes para garantizar la seguridad pública.
