La reciente Resolución 40409-2024, emitida por el Ministerio de Minas y Energía, ha generado un amplio debate en el sector energético. La medida, que suspende la aplicación de la “limitación de suministro” a la empresa Air-e, plantea serias interrogantes sobre la viabilidad del sistema.
Según la resolución, los generadores están obligados a suministrar energía a Air-e sin la garantía de pago. Esta situación ha sido recibida con asombro por expertos y analistas del sector, quienes advierten que podría desencadenar un efecto dominó en la cadena de suministro energético del país.
Estasituación deja expuesta las implicaciones que esta decisión podría tener en la estabilidad financiera de las empresas generadoras. «Obligar a los generadores a suministrar energía sin certeza de pago es un paso peligroso que podría poner en riesgo no solo a los proveedores, sino también a toda la infraestructura energética del país», opinan algunos expertos en el tema.
Esta situación se agrava en un contexto donde las empresas distribuidoras ya enfrentan dificultades financieras debido a la deuda acumulada por la Opción tarifaria, que supera los $4 billones. Además, el impago del Gobierno por $2.5 billones en subsidios ha puesto en jaque a las entidades del sector. Con esta nueva medida, el impacto se extenderá a todos los agentes que venden energía en la Bolsa, intensificando la crisis financiera que amenaza con desestabilizar aún más el sistema energético del país.
Así las cosas, podrían verse afectada la capacidad de las empresas para operar y mantener sus inversiones. Además, la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas energéticas para evitar que decisiones como esta generen crisis en el sector.
El efecto dominó de esta resolución podría tener consecuencias severas para la sostenibilidad del servicio eléctrico y la confianza de los inversionistas en el sector.
El debate continúa, y la industria está a la espera de aclaraciones por parte del Ministerio sobre los mecanismos que se implementarán para salvaguardar la integridad del sistema eléctrico y garantizar un suministro seguro y sostenible para todos los colombianos.
