La Fiscalía General de la Nación ha sido instada a investigar a los prestadores de energía y toda la cadena de su negocio, debido a las denuncias sobre conductas irregulares que han afectado gravemente el patrimonio público.
Según declaraciones de funcionarios y expertos en el tema, el servicio de energía eléctrica ha estado sometido a prácticas como el acaparamiento y la especulación, lo que ha resultado en inflaciones desmedidas en la facturación, poniendo en riesgo la estabilidad del sector.
La Contraloría General de la República también ha sido convocada a realizar una revisión exhaustiva de las actividades de la Contraloría del Atlántico, ante la creciente preocupación sobre la gestión fiscal en la región. Se señala que la falta de acción ante estas irregularidades podría considerarse una omisión grave, lo que lleva a cuestionar la efectividad de las entidades encargadas de velar por el erario público.
Porfirio Castillo, abogado constitucionalista exige investigación a prestadores de energía
El destacado abogado constitucionalista Porfirio Castillo ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación (@FiscaliaCol) investigar a los prestadores de energía y toda su cadena de negocio, alegando que han afectado gravemente el patrimonio público. Castillo también instó a la Contraloría General de la República (@CGR_Colombia) a revisar las acciones de la Contraloría del Atlántico (@ContraloriaAtl), y enfatizó que las irregularidades en el sector son punibles. Afirmó que es misión de la Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) defender el erario, señalando que no están cumpliendo con su deber.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha sido recordada sobre su misión de defender los intereses del Estado y el erario, enfatizando que las irregularidades en el sector energético son punibles.
Ante estos hechos, la comunidad solo espera acciones concretas y rápidas por parte de estas entidades para abordar la problemática que afecta a miles de ciudadanos.
Las denuncias apuntan a que estas prácticas, típicas del derecho penal, no solo afectan a los consumidores, sino que también pueden llevar a intervenciones o liquidaciones de empresas, exacerbando la crisis en el sector.
La ciudadanía demanda una respuesta clara y contundente de las autoridades competentes para proteger sus derechos y garantizar un servicio de energía justo y transparente.
