En un país donde los recursos para el sistema de salud se han convertido en un bien codiciado, una investigación de W Radio pone sobre la mesa una serie de inquietantes conexiones en torno al destino de los dineros que deberían garantizar atención médica para los colombianos. Al parecer, lo que comenzó como una trama relacionada con el sector de la salud, se ha expandido a una red empresarial internacional que tiene como protagonista a Venum Investments 2020 SL, una compañía registrada en España con un capital inicial de apenas 3.000 euros y cuya estructura es cada vez más cuestionada.
Según el informe, el negocio en cuestión se centra en un grupo de IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) que, aunque con diferentes nombres, terminan enviando sus recursos a una única entidad: Venum Investments, una empresa aparentemente «de papel», constituida en julio de 2020. Sin embargo, más que por su capital o su actividad, Venum destaca por su vínculo con una serie de empresas opacas y la posible conexión con operaciones de lavado de dinero. Lo que resulta aún más intrigante es que Venum no tiene sede real en España, y su presencia en Madrid parece no ser más que un expediente administrativo y fiscal.
En la publicación del mencinado medio, da cuenta de el listado completo de las IPS en varias zonas del país en donde se habrían concentrado la recepción de recursos del sistema de salud.
- Bienestar IPS
- Avidanti S.A.S.
- Eve Distribuciones S.A.S.
- Organización Clínica General del Norte
- Centro de Cirugía Ambulatoria IPS
- Angiografía de Colombia
- Diacor Soacha
- Oncólogos de Occidente
- Unión de Cirujanos
- Centro de Cancerología de Boyacá
- Sociedad de Radio Oncología Boyacá
- Clínica Chía
- Clínica Avidanti Armenia
- Helpharma
- Ronelly S.A.S.
- Clínica Blas de Leso
- Inverclínicas
- Sociedad San José de Torices
La investigación apunta a Mario Urán, quien se menciona como el operador detrás de las 18 IPS que se beneficiaron de los recursos del Sistema de Salud Colombiano. La publicación señala que, en los últimos dos años, estas IPS se habrían visto favorecidas con pagos realizados por las EPS, mientras que muchos hospitales públicos, al borde del colapso financiero, se quedaban sin los fondos necesarios para operar.
El dinero que debía aliviar la crisis del sistema, parece haberse desviado hacia esta red empresarial oculta, lo que se suma a las denuncias sobre Coosalud y otras EPS, las cuales habrían desviado recursos a paraísos fiscales.
Pero lo más preocupante es que esta red no parece ser obra de empresas colombianas, sino de un entramado internacional con ramificaciones que llegan hasta Uruguay. Namose S.A., una empresa constituida en dicho país, ha sido identificada como un jugador clave en la administración de los fondos, según las revelaciones de la W Radio. La presidencia de esta entidad ha estado en manos de Federico Ponce de León, un uruguayo que no solo lidera Namose, sino al menos 12 otras empresas, lo que plantea interrogantes sobre la magnitud y la influencia de este grupo en el mercado.
A medida que el caso se desenvuelve, se suman las interrogantes sobre el papel del presidente Gustavo Petro, quien, según la denuncia de un exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, fue alertado sobre estos desvíos, pero poco se hizo al respecto. Leal fue cesado poco después de hacer la denuncia, lo que ha encendido aún más las alarmas sobre la protección de los responsables.
¿Conexiones y sombras en el entorno de la Cancillería? Vínculos presuntos con figuras del sector público y empresarial
En un entramado empresarial y político que está dando de qué hablar, la W Radio ha señalado a varios personajes de la esfera pública y privada como presuntos involucrados en un caso relacionado con la gestión de recursos del sector público. Entre los nombres mencionados figuran John Mauricio Marín y Daniela Andrade, quienes desempeñaron roles directivos en la Fiduprevisora S.A., la entidad encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Lo que ha despertado más atención son los vínculos personales y profesionales de estas figuras con Laura Sarabia, la actual canciller de Colombia. Según lo reportado por la emisora, tanto Marín como Andrade tienen cercanía con la funcionaria, lo que ha generado preguntas sobre posibles conflictos de interés o, al menos, sobre la naturaleza de estas relaciones.
En particular, se ha señalado que Daniela Andrade está casada con Jaime Ramírez Cobo, quien, curiosamente, fue el padrino de matrimonio de Laura Sarabia. Aunque la Canciller fue consultada al respecto, ella negó conocer a Andrade antes de su nombramiento en la Fiduprevisora. Según Sarabia, su vínculo con los involucrados es nulo, ya que no tenía conocimiento previo de Andrade, y respecto a John Mauricio Marín, aclaró que la persona del Gobierno que tiene relación con él no es ella, sino Augusto Ramírez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien habría sido la persona que lo integró al trabajo en la entidad.
Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disipar las dudas sobre el alcance de las relaciones entre estos personajes y las posibles implicaciones para la gestión pública. Las conexiones entre figuras clave del gobierno, empresas del sector público y hasta relaciones personales que se remontan a eventos como matrimonios y padrinazgos, generan inquietudes sobre los intereses detrás de las decisiones que afectan la administración de recursos sensibles del Estado.
Lo que queda claro es que esta situación ha puesto en evidencia una red de contactos y vínculos cercanos entre el sector público y privado que será necesario examinar con mayor profundidad. ¿Hasta qué punto pueden influir estos lazos en la transparencia y eficiencia de las instituciones encargadas de manejar los recursos públicos? La incertidumbre persiste, y lo que parecía ser un tema aislado de gestión financiera ahora se convierte en un tema de debate sobre ética y conflicto de intereses en el gobierno colombiano.
Lo que es claro es que, en un contexto de crisis en el sector salud, un grupo de empresas, cuyas conexiones cruzan varias fronteras, está recibiendo grandes sumas de dinero proveniente del sistema de salud colombiano, mientras hospitales y clínicas públicas se ven obligadas a cerrar o a operar con recursos insuficientes. Esta situación plantea una serie de preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a la salud de millones de colombianos.
La historia de Venum Investments es un reflejo de cómo las estructuras empresariales opacas pueden infiltrarse en sectores clave como el de la salud, poniendo en riesgo la calidad del servicio y el bienestar de la población. Con esta investigación en marcha, surge una urgencia por esclarecer quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta red de empresas y, más aún, cómo se están manejando los recursos destinados a uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos: el derecho a la salud.
¿Hasta dónde llega la influencia de estas empresas y qué medidas tomarán las autoridades para garantizar que el dinero de la salud realmente llegue a quienes más lo necesitan?
La trama está lejos de resolverse, y lo que se puede prever es que habrá mucho más por descubrir en este escándalo internacional.
