En un debate que ha generado controversia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, y la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, han defendido ante el Congreso un proyecto de Reforma Penal que propone la rebaja de penas y la implementación del principio de oportunidad para agresores y violadores de niñas, niños y adolescentes. Este enfoque busca resolver problemas de lentitud en la justicia, evitando la revictimización de los menores y descongestionando los despachos judiciales.
Justificaciones de la reforma
Durante una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado, Chaverra argumentó que el sistema procesal penal actual enfrenta serios problemas prácticos. «Para lograr la eficiencia en el marco de un sistema de tendencia adversarial, es necesario potenciar los mecanismos de terminación anticipada del proceso», dijo. La propuesta incluye la posibilidad de reducir la pena a la mitad, es decir, un 25%, con dos objetivos principales: incentivar la terminación anticipada y reducir la duración del proceso a 3 o 4 meses.
La Fiscal Camargo complementó esta visión al señalar que, a pesar de las altas penas impuestas en el pasado, estas no han sido efectivas para disuadir la criminalidad. «Es hora de reinventarnos y buscar soluciones efectivas», manifestó, enfatizando que un acuerdo rápido puede llevar a una condena y reparación más prontas para las víctimas.
Casos Representativos
Para ilustrar la urgencia de esta reforma, Chaverra presentó el caso de una niña de 7 años, víctima de violación en 2007. La resolución del caso se extendió por más de una década, con la sentencia final emitida en 2024. «Estamos hablando de una niña que vivió el proceso durante años, reviviendo el trauma en cada audiencia», advirtió, subrayando la necesidad de un sistema que responda más eficientemente.
Sin embargo, el proyecto no está exento de críticas. Muchos opositores argumentan que la rebaja de penas podría enviar un mensaje equivocado sobre la gravedad de estos delitos. La preocupación radica en que, en lugar de reforzar la protección de los menores, podría parecer que el sistema minimiza la severidad de las agresiones.
La Fiscal General reconoció este temor, pero defendió la necesidad de equilibrar la eficiencia con la justicia. «Solo el 5% de la delincuencia real llega a juicio, y esto colapsa el sistema. Necesitamos un enfoque que permita a las víctimas recibir justicia sin prolongar su sufrimiento», indicó.
La reforma también busca abordar problemas subyacentes como la violencia de género y la salud mental. Camargo enfatizó que no se puede recurrir exclusivamente a penas más severas como solución, sugiriendo la implementación de mecanismos de justicia restaurativa y la colaboración con diversas instituciones para abordar las causas de la delincuencia.
Objetivos del proyecto
El proyecto del Gobierno propone modificar varias leyes relacionadas con la administración de justicia penal, incluyendo aspectos como:
- La extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas.
- La aplicación del principio de oportunidad desde el inicio de la indagación.
- Beneficios por allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.
Con estos cambios, se espera aumentar la efectividad y rapidez del sistema judicial, permitiendo que un mayor porcentaje de casos se resuelva mediante acuerdos anticipados.
La defensa de las rebajas de penas por parte de la Corte Suprema y la Fiscalía plantea un dilema complejo: balancear la necesidad de justicia rápida y efectiva con la protección de los derechos de las víctimas. A medida que avanza el debate sobre esta reforma, la sociedad deberá evaluar si estas medidas son suficientes para combatir la impunidad y garantizar la seguridad de los menores en Colombia.
