La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, anuló los beneficios de suspensión de las órdenes de captura que habían sido concedidos en 2022 y 2023 a 31 miembros del ELN, quienes habían sido designados por el Gobierno Nacional como representantes para las negociaciones de paz.
La Fiscalía fundamentó su decisión en los actos criminales cometidos por esta organización en la región del Catatumbo y en el “incumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión de las órdenes de captura”.
A partir de este miércoles 22 de enero, las órdenes de captura vuelven a estar vigentes contra:
Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa.
