La defensa de Deicy Jiménez, denunciante del escándalo de los presuntos contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro, presentó un reclamo ante la Fiscalía por el manejo de las citaciones para recibir su declaración y la circulación de información reservada del proceso.
La abogada Dina Luz Malo Andrade, representante de Jiménez, envió el 17 de noviembre una comunicación a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de la fiscal Marcela Abadía. En el documento adjuntó conversaciones, audios, fotografías y otros soportes sobre los episodios que, a su juicio, han afectado a su defendida y al equipo jurídico.
Uno de los hechos se remonta al 13 de noviembre, cuando estaba prevista la declaración de Jiménez a las 9:00 de la mañana. La diligencia había sido acordada con la Fiscalía, pero la abogada informó que enfrentaba una emergencia familiar relacionada con la salud de su esposo y notificó de inmediato la situación al despacho.
Según la defensa, pese a conocer lo ocurrido, un funcionario insistió en que ambas se presentaran en el búnker de la Fiscalía. Posteriormente circularon versiones sobre una supuesta disponibilidad para recibir la declaración durante el fin de semana, aunque, de acuerdo con la abogada, no existió una comunicación oficial que confirmara esa alternativa.
El segundo episodio ocurrió alrededor de la diligencia que habría sido programada para el 20 de noviembre. La defensa asegura que ni Jiménez ni su apoderada recibieron una citación formal por los canales oficiales, pese a que la información sobre la fecha comenzó a difundirse públicamente.
Malo Andrade comunicó que estaría fuera del país, presentó los soportes correspondientes y propuso nuevas fechas a partir del 30 de noviembre. La Fiscalía finalmente confirmó la recepción de los documentos y programó la declaración para el 1 de diciembre a las 9:00 de la mañana.
La abogada cuestionó que, mientras no existían notificaciones formales, circularan versiones que señalaban a Jiménez como responsable de nuevos aplazamientos. Considera que la divulgación de esos datos puede afectar la credibilidad de la denunciante antes de que entregue su testimonio.
La defensa también expresó preocupación por la seguridad de Jiménez y de quienes la representan. Sostiene que las filtraciones vulneran la reserva del proceso y pueden exponer a la denunciante a riesgos adicionales.
Por esa razón, pidió a la Fiscalía establecer quién está divulgando información de las diligencias y con qué propósito. También solicitó que Jiménez sea atendida bajo las garantías correspondientes a su condición de denunciante y que el caso se tramite con reserva y medidas de protección.
La diligencia del 1 de diciembre será el próximo paso dentro de una investigación que busca esclarecer las denuncias sobre presuntos intercambios de favores sexuales por contratos estatales.








