El Comité Técnico del Proyecto Escudo Nacional Antidrones recomendó no adquirir los sistemas tecnológicos evaluados para enfrentar ataques con aeronaves no tripuladas, debido a que ninguna de las opciones analizadas cumplió todos los requerimientos operacionales de las Fuerzas Militares.
La recomendación quedó consignada en documentos del balance de gestión del sector Defensa correspondiente al periodo 2022-2026. Según el informe, comprar alguna de esas tecnologías habría significado aceptar limitaciones en las capacidades de protección y asumir riesgos técnicos, operacionales y de mantenimiento para el Estado.
Los comités técnicos estaban integrados por militares y eran dirigidos por un brigadier general del Ejército. Sus integrantes realizaron visitas y pruebas tecnológicas en distintos países para evaluar las alternativas disponibles.
Tras los resultados, recomendaron cerrar formalmente la etapa de evaluación, mantener vigente la necesidad de contar con un sistema antidrones y conservar el diseño de una arquitectura de defensa por capas. También plantearon que cualquier adquisición debía esperar hasta que estuvieran definidos los requisitos, asegurados los recursos y comprobado el desempeño de las tecnologías.
El proyecto contemplaba una inversión aproximada de 6,2 billones de pesos, con una primera fase estimada en 800.000 millones para 2026. Sin embargo, al cierre del gobierno anterior seguía en etapa exploratoria y de estructuración técnica.
Otro documento, emitido por la Dirección de Contratación Estatal, informó que no se había concretado un proceso centralizado para adquirir estos equipos. Por esa razón, quedaron sin efecto los lineamientos de una circular expedida el 31 de marzo de 2026 sobre la optimización de recursos presupuestales para esa compra.
La comunicación dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio de Defensa emita nuevas directrices para planear y estructurar futuras adquisiciones de sistemas de contramedidas contra aeronaves no tripuladas, conocidos como C-UAS.
Entre los asuntos pendientes aparecen la gestión de recursos, el avance de un proyecto de ley antidrones, la regulación de Aerocivil y la instalación de protecciones físicas, como mallas en instalaciones militares y policiales.
El informe advierte que los ataques con drones han afectado la movilidad y la supervivencia de unidades militares y policiales en zonas críticas del país. Por ello, sigue pendiente el desarrollo de capacidades para detectar, identificar y neutralizar estas amenazas.







