Personas privadas de la libertad participaron en la plenaria como parte del programa Cárceles Productivas. El ministro de Justicia expuso las medidas del Gobierno frente al hacinamiento, la reincidencia y la extorsión desde los centros penitenciarios.
Una escena poco habitual se presentó este martes 17 de noviembre en la plenaria del Congreso de la República, cuando varios internos ingresaron al recinto durante el inicio de un debate de control político sobre la crisis del sistema penitenciario colombiano.
La presencia de los privados de la libertad estaba autorizada por el senador Gustavo Moreno, uno de los citantes al debate, y correspondía a participantes del programa Cárceles Productivas, una iniciativa que busca vincular a la población reclusa a actividades laborales.
La sesión fue convocada por los senadores Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y Gustavo Moreno, de la Alianza Social Independiente (ASI), quienes expusieron las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario.
Hacinamiento y falta de controles
Durante su intervención, Moreno presentó cifras del INPEC según las cuales Colombia tenía 101.543 personas privadas de la libertad, frente a una capacidad instalada de 80.992 cupos. Esto representa un déficit de aproximadamente 20.551 espacios.
El senador también cuestionó la falta de dispositivos electrónicos para vigilar a personas beneficiadas con detención domiciliaria. Según sus señalamientos, miles de personas permanecen bajo esa medida sin brazaletes de seguimiento.
La respuesta del ministro Iván Cancino
El ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció la gravedad de la situación y se refirió a las medidas que adelanta el Gobierno para atenderla.
Uno de los puntos que abordó fue la reincidencia delictiva. Cancino aseguró que la cifra que maneja su cartera es del 25,4%, y no del 70 u 80%, como se ha mencionado en otros escenarios. Sin embargo, reconoció que el porcentaje sigue siendo elevado.
El funcionario también señaló que el Gobierno trabaja en la terminación de los centros penitenciarios de Riohacha y Sabanas de Ángel, como parte de las acciones para ampliar la capacidad carcelaria.
Frente a la extorsión que se coordina desde las cárceles, explicó que se están identificando líneas telefónicas vinculadas a estas actividades para solicitar su bloqueo. Según indicó, el propósito es reducir los intervalos de detección de 15 días a ocho días.
Cancino agregó que se han adelantado gestiones con operadores de telefonía y plataformas de pago para dificultar el funcionamiento de las redes de extorsión. También anunció iniciativas para instalar inhibidores de señal en los establecimientos penitenciarios.
El ministro afirmó, además, que los nuevos centros carcelarios se proyectan en zonas alejadas de los cascos urbanos.
El debate dejó sobre la mesa tres asuntos centrales para el sistema penitenciario: el déficit de cupos, la vigilancia de quienes cumplen medidas domiciliarias y el control de las actividades criminales que continúan operando desde las cárceles.







