Compra de aviones Gripen: Contraloría no verificó el supuesto pago excesivo de $2.130 millones

La Contraloría General de la República reconoció que no comprobó cuánto dinero salió efectivamente de las cuentas del Estado en el primer pago relacionado con la compra de los aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab. La advertencia sobre un posible pago superior en $2.130 millones se basó en la revisión de una orden de pago.

La alerta había surgido al comparar una orden por aproximadamente $17.600 millones con el valor que, según el cálculo del organismo de control y la tasa oficial del euro de ese día, debía pagarse: cerca de $15.470 millones.

Sin embargo, al responder sobre las actuaciones adelantadas, la Contraloría admitió que únicamente revisó el documento y no verificó la suma que realmente fue transferida.

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Defensa reportó un pago inferior

El Ministerio de Defensa entregó una cifra distinta. Según la respuesta remitida al organismo de control, el primer pago habría sido de $15.187 millones, una cantidad inferior incluso a los $15.470 millones calculados por la Contraloría.

Hasta ahora, el ente fiscalizador no ha comprobado ese desembolso ni ha confirmado o retirado su advertencia inicial. Por tanto, la diferencia de $2.130 millones sigue siendo una alerta sin verificación del dinero efectivamente pagado.

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Sin auditorías abiertas sobre el contrato

La Contraloría también informó que no tiene auditorías ni procesos de control fiscal abiertos sobre el contrato de adquisición de los Gripen, cuya ejecución se extiende hasta 2032.

Además, reconoció que desconoce qué ocurrió con los $12.086 millones que fueron recortados del presupuesto del contrato en enero.

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La situación deja pendientes varias respuestas sobre el seguimiento a los recursos destinados a la compra de las aeronaves: cuánto se desembolsó realmente, cómo se aplicaron los ajustes presupuestales y si existió alguna diferencia entre los valores ordenados y los efectivamente transferidos.

Por ahora, la advertencia de los $2.130 millones no constituye una pérdida fiscal comprobada. La propia Contraloría reconoció que no verificó el movimiento real de los recursos.

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