El Fondo Milagro, creado para atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto, reportó contratos por $7.440 millones, equivalentes aproximadamente al 1,2 % de los $624.656 millones que tiene disponibles para ejecutar su programa de intervenciones.
La información fue entregada por su gerente, Jaime Andrés Uribe, en un documento remitido a la Comisión Accidental Bicameral del Congreso, encargada de hacer seguimiento a la atención de las familias afectadas por el sismo.
Según el reporte, los recursos contratados hasta ahora están destinados exclusivamente a demoliciones y sus respectivas interventorías. En Pereira se adjudicaron contratos por $4.624 millones, mientras que en Cali la cifra asciende a $2.815 millones. Los procesos se realizaron mediante contratación directa por urgencia y tienen plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.
A esos contratos se suma una consultoría integral de demoliciones adjudicada a Cortés y Mora Ingenieros Asociados S.A.S. La remuneración corresponde al 10 % del valor de los contratos adjudicados.
El origen de los recursos
El presupuesto de $624.656 millones fue aprobado por el Consejo Directivo del Fondo para financiar el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. El dinero proviene del Presupuesto General de la Nación y tiene origen en un préstamo del Banco Mundial.
El gerente precisó que la entidad todavía no ha recibido donaciones, cooperación nacional o internacional ni aportes de alcaldías, gobernaciones o particulares.
Las solicitudes de demolición presentadas por otras administraciones territoriales continúan en proceso de validación, mientras que la rehabilitación de viviendas permanece en etapa de priorización y estructuración.
Más de $1.000 millones mensuales en funcionamiento
Otro de los datos que generó cuestionamientos corresponde al costo de la estructura administrativa. La nómina de los funcionarios vinculados suma $765,6 millones mensuales, sin incluir primas ni prestaciones sociales.
El gerente Jaime Andrés Uribe devenga $39,4 millones al mes. Otros cinco cargos directivos reciben salarios de $36 millones, entre ellos los responsables de las áreas jurídica, contratación, financiera, planeación e ingeniería.
A estos gastos se agrega una comisión mensual para Fiducoldex, encargada de administrar el patrimonio autónomo del Fondo. El pago equivale a 142 salarios mínimos, cerca de $248,6 millones sin IVA.
De esta manera, entre salarios y comisión fiduciaria, el funcionamiento supera los $1.000 millones mensuales.
El documento señala que, de los 130 cargos previstos, 27 personas estaban vinculadas hasta el momento de la respuesta. Sus contratos laborales son a término indefinido y están suscritos a través de la fiduciaria.
¿Qué ocurre con los subsidios de vivienda?
El Fondo proyectó $35.000 millones para la compra de vivienda nueva, con beneficios de hasta 110 salarios mínimos, equivalentes a unos $192,6 millones. El dinero se entrega directamente al vendedor del inmueble.
De acuerdo con el gerente, se han suscrito 154 beneficios en Cali, Roldanillo, Buenaventura y Trujillo, en el Valle del Cauca, además de otros 34 en Armenia. Otras 283 familias de Pereira, Dosquebradas y Manizales están en proceso de verificación con el Ministerio de Vivienda.
Las cifras dejan abierto el debate sobre la velocidad de ejecución de los recursos, el costo de la estructura administrativa y los tiempos de respuesta a las familias damnificadas. Hasta ahora, los contratos reportados se concentran en demoliciones, mientras otras líneas de atención siguen en fases de revisión y organización.
