La propuesta del Gobierno de Abelardo De La Espriella de ampliar el cobro del IVA a productos de la canasta familiar abrió un nuevo frente de discusión política. El Partido Liberal expresó su preocupación por los posibles efectos de la medida sobre el costo de vida y advirtió que los cambios tributarios también podrían afectar a pequeños comerciantes, distribuidores y productores del sector agropecuario.
La colectividad fijó su posición frente al Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico, y anunció que presentará modificaciones durante el debate en el Congreso. Aunque reconoció la necesidad de atender las dificultades fiscales del país, pidió revisar la distribución de las cargas tributarias y evaluar cómo las medidas propuestas repercutirían en los hogares y la actividad productiva.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la propuesta de aplicar una tarifa del 19 % de IVA, a partir de enero de 2028, a alimentos que actualmente están excluidos del impuesto o tienen una tarifa reducida del 5 %.
Entre los productos que podrían quedar gravados aparecen las lentejas, los fríjoles, los garbanzos, la sal, el tomate, la cebolla, la zanahoria, algunas frutas, el café tostado, el azúcar, las harinas, las pastas y el chocolate de mesa.
Alertan por mayores costos para el sector agropecuario
El Partido Liberal también cuestionó los cambios propuestos para los insumos utilizados en la producción agrícola, entre ellos fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas.
Según la colectividad, modificar su tratamiento tributario podría elevar los costos de producción y trasladar esos incrementos al precio final de los alimentos. El efecto, advierte, podría alcanzar tanto a los productores como a los consumidores.
La preocupación incluye a los pequeños comerciantes y distribuidores. Los liberales consideran que los cambios en los impuestos a la cerveza y a las bebidas endulzadas podrían repercutir en los precios de venta y en los ingresos de las tiendas de barrio, que dependen parcialmente de la comercialización de esos productos.
Por eso, solicitaron al Gobierno explicar cómo incidirían los nuevos gravámenes en el consumo, las ventas y la actividad comercial, sin desconocer los objetivos de salud pública que sustentan algunos de esos impuestos.
Cuestionan reducción de impuestos a las empresas
Otro de los puntos que genera reparos es la reducción gradual del impuesto de renta empresarial contemplada en el proyecto. La tarifa general pasaría del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % en 2028.
Para el Partido Liberal, antes de trasladar nuevas cargas tributarias al consumo de los hogares, el Gobierno debería revisar esos beneficios empresariales y las modificaciones previstas para la tributación mínima y el impuesto al patrimonio.
La colectividad presentó cálculos preliminares según los cuales mantener las condiciones actuales de tributación empresarial, mínima y al patrimonio permitiría preservar cerca de 11 billones de pesos anuales, en promedio, entre 2028 y 2030. Sin embargo, aclaró que esas estimaciones deben ser verificadas con el Ministerio de Hacienda y la DIAN.
Dudas sobre la devolución del IVA a los hogares vulnerables
Los liberales también expresaron inquietudes frente al mecanismo EfectIVA, propuesto por el Gobierno para devolver parte del impuesto a determinados hogares de menores ingresos.
La preocupación está relacionada con los requisitos de focalización, los límites de devolución y la dependencia de la facturación electrónica. Según el partido, estas condiciones podrían dificultar que la compensación llegue a tiempo a familias que compran sus alimentos en plazas de mercado y tiendas de barrio, donde no siempre existe acceso a esos sistemas.
La colectividad considera que el Gobierno debe demostrar que el mecanismo garantizará una devolución suficiente y oportuna para quienes resulten afectados por los nuevos gravámenes.
El Partido Liberal llevará propuestas al Congreso
La Dirección Nacional y la bancada liberal anunciaron que participarán en la discusión legislativa con propuestas de modificación respaldadas por análisis jurídicos, económicos y fiscales.
El pronunciamiento se conoce en medio de las conversaciones entre el Gobierno y las bancadas del Congreso para revisar los artículos más controvertidos de la Ley de Rescate Económico. La iniciativa contempla medidas para aumentar los ingresos del Estado y ajustar las finanzas públicas, pero varios sectores políticos han manifestado reparos frente a los impuestos que recaerían sobre productos de consumo cotidiano.
La discusión deberá definir si se mantienen los cambios tributarios propuestos, si se introducen excepciones para determinados alimentos e insumos o si el Ejecutivo acepta alternativas de recaudo planteadas por los partidos.
Por ahora, la posición liberal deja abierta la negociación de la reforma, pero plantea una condición central: revisar el impacto de los nuevos impuestos sobre los hogares, el comercio y la producción nacional antes de avanzar con su aprobación.
