Contraloría pone bajo revisión cinco contratos de la DNI por $20.783 millones: helicóptero, antidrones y computadores

La Contraloría General de la República ordenó iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre cinco contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo valor conjunto asciende aproximadamente a $20.783 millones. Las revisiones buscan establecer si hubo fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias en los bienes adquiridos o posibles sobrecostos en el manejo de los recursos públicos.

La decisión fue impartida por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, luego de conocerse denuncias sobre presuntas irregularidades en adquisiciones realizadas por la entidad. El organismo aclaró que las actuaciones se encuentran en una etapa de verificación y que todavía no existe una conclusión sobre la ocurrencia de daños al patrimonio estatal ni sobre posibles responsables.

Entre los contratos que serán examinados figura la compra de un helicóptero no tripulado por cerca de $9.000 millones. La Contraloría revisará las especificaciones técnicas, las condiciones de adquisición, las fallas de funcionamiento denunciadas y el siniestro ocurrido en marzo de 2026. También verificará si se hicieron efectivas las garantías correspondientes.

Otro frente de revisión corresponde a la adquisición de tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones. En este caso, se comprobará si los equipos fueron entregados conforme a lo contratado, si cumplen las características técnicas exigidas y si están siendo utilizados para atender las necesidades operativas de la DNI.

La lista incluye el contrato 043 de 2024, por unos $1.314 millones, destinado a comprar 595 computadores. La entidad fiscalizadora revisará las denuncias sobre problemas de calidad, fallas de funcionamiento y posibles incumplimientos de las especificaciones, además de los soportes de entrega, recibo y pago.

También será objeto de examen el contrato 053 de 2022, por aproximadamente $580 millones, para adquirir un sistema de identificación biométrica. La revisión buscará establecer por qué, según las denuncias conocidas, el sistema no habría entrado en funcionamiento, si era compatible con la infraestructura tecnológica de la entidad y si la inversión cumplió el propósito previsto.

El quinto asunto corresponde a la compra de mobiliario y elementos de dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por cerca de $1.549 millones. Allí se analizarán los estudios de mercado, los precios pagados, las condiciones de contratación y la entrega de los bienes, con especial atención a los posibles sobrecostos señalados.

La revisión también incluye el sistema de inteligencia y contrainteligencia

Además de los cinco contratos, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, conocido como SIIC, en su versión 2. El organismo examinará el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la destinación de los recursos comprometidos en su desarrollo.

Para avanzar en las actuaciones, solicitará estudios previos, contratos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, comprobantes de pago y documentos relacionados con las garantías. Con esa información realizará verificaciones técnicas, financieras y jurídicas.

Si encuentra elementos que permitan establecer un posible detrimento patrimonial, podrá iniciar los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes. En caso de identificar hechos que puedan tener relevancia penal o disciplinaria, trasladará la información a la Fiscalía o a la Procuraduría, según corresponda.

El contralor Laverde Vargas sostuvo que los gastos relacionados con seguridad e inteligencia también están sujetos al control fiscal, aunque las verificaciones deberán respetar las reservas legales y las disposiciones de protección de la seguridad nacional.

La Contraloría precisó que la apertura de estas actuaciones no significa que las irregularidades estén probadas. La eventual existencia de sobrecostos, incumplimientos o daños a los recursos públicos dependerá de los resultados de las revisiones y deberá establecerse con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

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