En un intento por frenar la creciente tasa de divorcios y la crisis de natalidad que afecta al país, el gobierno de Kim Jong-un ha adoptado una medida drástica: enviar a las parejas que se divorcian a campos de trabajo forzado para “expiar sus crímenes” y ser “reeducadas”. Esta nueva política, que afecta tanto a hombres como mujeres, entró en vigor a partir de este mes, tras un aumento significativo en las separaciones desde la pandemia de COVID-19, impulsadas por las dificultades económicas.
Aunque el divorcio es legal en Corea del Norte, el régimen ha señalado que es una amenaza para el orden social y la estructura familiar, que considera la «célula» de la sociedad. Según informes de medios asiáticos como Radio Free Asia y Daily North Korea, la medida involucra tanto a quienes solicitan el divorcio como a su cónyuge, y el castigo se extiende a ambos. Previamente, solo quien iniciaba la solicitud de divorcio era enviado a un campo de trabajo, pero ahora todos los divorciados enfrentan esta severa sanción.
Esta política refleja la intensificación de las campañas del régimen para fomentar la unidad familiar y revertir la baja natalidad. Sin embargo, las mujeres divorciadas han reportado que las penas son más severas para ellas que para los hombres, lo que ha generado protestas internas.
