La reciente propuesta del presidente Gustavo Petro para que el Estado compre la hoja de coca a los campesinos ha generado un intenso debate en Colombia. Los representantes Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y Diógenes Quintero, de Asofadhaca, abordaron el tema, cada uno con perspectivas contrastantes que iluminan las complejidades de la iniciativa.
Ocampo defendió la propuesta, señalando que la compra de hoja de coca podría ser un primer paso hacia la regulación del narcotráfico, similar a lo que se ha visto en Estados Unidos con otras sustancias. Subrayó que no se debe confundir la hoja de coca con la cocaína, destacando sus usos científicos y agroecológicos. Desde su perspectiva, el proyecto piloto en El Plateado, Cauca, representa una oportunidad valiosa para explorar alternativas al cultivo ilegal, así como un medio para impulsar el desarrollo rural.
Sin embargo, Quintero expresó una crítica fundamental al considerar que esta estrategia podría constituir un «incentivo perverso». Argumentó que, al carecer de un marco regulatorio y no haber sido discutida en el consejo de ministros, la propuesta podría llevar a resultados no deseados. Según él, sin una estrategia clara y bien definida, la compra estatal de la hoja de coca podría complicar aún más el problema del narcotráfico en lugar de solucionarlo.
Este debate pone de relieve un dilema crucial: la búsqueda de alternativas viables al narcotráfico en un país que ha lidiado con sus efectos devastadores durante décadas. La idea de regular y formalizar el cultivo de coca podría, en teoría, ofrecer una salida para los campesinos atrapados en la ilegalidad. Sin embargo, es vital que cualquier iniciativa esté respaldada por un plan integral que incluya apoyo técnico, acceso a mercados legales y garantías de seguridad para los agricultores.
En resumen, la propuesta de compra de hoja de coca plantea tanto oportunidades como desafíos. Para que sea efectiva, requerirá un enfoque cuidadoso que equilibre la necesidad de desarrollo rural con la mitigación de riesgos asociados a la ilegalidad y el narcotráfico. La discusión en torno a este tema es solo el comienzo de un proceso que podría redefinir la política antidrogas en Colombia.
