Una iniciativa legislativa busca modificar la distribución de algunos recursos económicos que actualmente pagan las empresas de los sectores de hidrocarburos y minería, con el objetivo de que una parte de esos dineros llegue de manera directa a los municipios donde se desarrollan las actividades productivas.
La propuesta, impulsada en el marco de la nueva política de reactivación energética del Gobierno de Abelardo De La Espriella, plantea que las regiones productoras reciban mayores beneficios económicos por la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
El proyecto consta de cinco artículos y, de acuerdo con sus promotores, no contempla la creación de nuevos impuestos ni el incremento de las obligaciones económicas para las empresas. La idea es redistribuir territorialmente una porción de recursos que los operadores ya pagan al Estado.
Entre los conceptos incluidos se encuentran el canon superficiario y la participación en la producción, recursos asociados a los contratos de hidrocarburos y a determinadas actividades mineras.
¿Cuánto dinero podría llegar a los municipios?
Las cifras utilizadas para sustentar la iniciativa corresponden a los recaudos registrados durante 2025.
Según la propuesta, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recibió aproximadamente $109.970 millones por concepto de canon superficiario y cerca de $1,13 billones por participación en la producción.
A estos recursos se suman alrededor de $12.098 millones recaudados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) por concepto de canon superficiario minero.
En conjunto, los recursos mencionados superarían los $1,25 billones en una sola vigencia.
El proyecto plantea que, para los contratos y títulos que ya se encuentran vigentes, los municipios beneficiarios reciban el 20 % de estos recaudos.
Tomando como referencia las cifras de 2025, esto representaría alrededor de $250.691 millones para cerca de 505 municipios.
La propuesta contempla además una participación mayor para los nuevos contratos que sean suscritos una vez entre en vigencia la eventual ley: en esos casos, los municipios podrían recibir directamente el 30 % de los recursos contemplados en la iniciativa.
Los alcaldes tendrían mayor margen para invertir
Uno de los principales cambios planteados es que estos recursos no ingresarían al Sistema General de Regalías ni quedarían sujetos a los procedimientos asociados a los OCAD.
La intención es que los recursos sean transferidos directamente a las entidades territoriales beneficiarias y puedan incorporarse a sus presupuestos de inversión, de acuerdo con los respectivos Planes de Desarrollo Territorial.
Entre las prioridades planteadas aparecen proyectos de agua potable, saneamiento básico, salud, educación, vías terciarias y electrificación rural.
Los autores de la propuesta consideran que el impacto podría ser especialmente significativo en municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, donde recursos adicionales pueden representar inversiones de gran importancia para las comunidades.
El Gobierno busca reactivar la exploración y producción
La iniciativa está directamente relacionada con la apuesta del presidente Abelardo De La Espriella por recuperar la actividad petrolera y gasífera del país.
El mandatario asumió el pasado 7 de agosto con el propósito, incluido en su denominado Plan de la Patria Milagro, de promover nuevos contratos de exploración y avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales.
Los promotores del proyecto sostienen que Colombia necesita aumentar sus reservas, recuperar inversión y fortalecer su seguridad y soberanía energética, pero consideran que ese proceso debe estar acompañado de mayores beneficios para los territorios donde se desarrollan los proyectos.
El argumento central es que las comunidades productoras no deberían limitarse a soportar los impactos y las responsabilidades derivadas de la actividad extractiva, sino que también deberían percibir de manera directa parte de los beneficios económicos.
Una apuesta para mejorar la relación con las regiones
La propuesta busca además modificar la percepción que existe en algunas comunidades frente a los proyectos minero-energéticos.
Durante años, la discusión en los territorios ha girado alrededor de conceptos como reservas, barriles, producción, regalías y seguridad energética. Sin embargo, una de las preguntas recurrentes de las comunidades es qué beneficios concretos reciben los municipios donde se desarrollan estas actividades.
Con el nuevo esquema planteado, un municipio podría comenzar a recibir recursos desde etapas tempranas de un contrato, sin tener que esperar necesariamente hasta que se alcance la producción comercial.
El canon superficiario podría generar ingresos durante las primeras etapas, mientras que posteriormente la participación en la producción permitiría obtener recursos adicionales cuando el proyecto entre en operación comercial.
Para los impulsores de la iniciativa, esto podría contribuir a generar mayor confianza entre las comunidades y las empresas, siempre que los proyectos cumplan con las obligaciones ambientales, sociales y legales correspondientes.
La propuesta llega en momentos en que el Gobierno busca acelerar la exploración y producción de petróleo y gas, aumentar las reservas nacionales y atraer nuevamente inversión al sector.
El debate ahora deberá trasladarse al Congreso, donde se definirá si esta fórmula de distribución directa logra avanzar y bajo qué condiciones.
El principio que defienden sus promotores es directo: si un municipio contribuye a generar la riqueza minero-energética del país, también debería recibir una parte de esos recursos para convertirlos en obras y servicios que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.