El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció el cierre de los procesos de diálogo y de los espacios de carácter sociojurídico que se venían adelantando con distintas estructuras armadas y organizaciones criminales en varias regiones del país.
La decisión se fundamenta, según el Ejecutivo, en la falta de resultados concretos en materia de paz, desarme, desmovilización y sometimiento efectivo a la justicia.
La medida alcanza procesos relacionados con diferentes grupos armados, entre ellos el ELN, estructuras disidentes y organizaciones criminales que han mantenido presencia y capacidad de violencia en distintos territorios de Colombia.
Desde el Gobierno se cuestionó que estos escenarios no hubieran producido avances suficientes frente al objetivo de lograr el abandono de las armas y el sometimiento a la institucionalidad.
Quienes quieran dejar las armas deberán someterse a la justicia
La nueva postura del Ejecutivo establece una línea más estricta frente a las organizaciones armadas. El Gobierno indicó que las puertas de la institucionalidad permanecerán abiertas para quienes realmente tengan la intención de abandonar las actividades criminales.
Sin embargo, esa voluntad deberá traducirse en hechos concretos y en un proceso de sometimiento ante la justicia.
La administración De La Espriella sostiene que no se mantendrán indefinidamente mesas o espacios de negociación con estructuras que continúen delinquiendo mientras participan en conversaciones con el Estado.
“Se acabó la falsa paz”
La decisión representa un cambio frente a la política de diálogo implementada durante el Gobierno anterior, que abrió diferentes mesas y mecanismos de negociación con grupos armados y organizaciones criminales.
El actual Ejecutivo considera que esos procesos no cumplieron con las expectativas planteadas y que, en algunos casos, pudieron terminar siendo utilizados por las estructuras ilegales para ganar tiempo, mantener su presencia territorial o fortalecer sus actividades criminales.
Por eso, la nueva política plantea una separación clara: quienes quieran abandonar las armas deberán acudir a la justicia, mientras quienes persistan en la violencia serán enfrentados mediante operaciones de la Fuerza Pública.
Fuerza Pública tendrá vía libre contra quienes continúen en el crimen
El Gobierno también advirtió que las estructuras que decidan continuar con acciones violentas, extorsiones, narcotráfico, secuestros, homicidios u otras actividades criminales serán enfrentadas con todas las capacidades disponibles del Estado.
La determinación marca así un endurecimiento de la estrategia de seguridad y busca cerrar los espacios de interlocución que, a juicio del Ejecutivo, no produjeron resultados verificables.
La administración De La Espriella apuesta ahora por una política en la que cualquier eventual salida de las organizaciones armadas pase por el desarme y el sometimiento a la justicia, mientras que quienes permanezcan en la ilegalidad serán considerados objetivos de la ofensiva de seguridad del Estado.