El exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez fue trasladado a la cárcel de La Picaleña, en Ibagué, luego de la requisa realizada a su celda en medio de las investigaciones por las amenazas denunciadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La información fue confirmada por fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), después de que el presidente Abelardo De La Espriella revelara que funcionarios penitenciarios habían ingresado a la celda del exmandatario para revisar sus pertenencias.
Durante el procedimiento fue encontrado un teléfono celular, elemento que quedó bajo investigación de las autoridades para establecer cómo ingresó al penal, quién lo utilizaba y si tuvo alguna relación con las intimidaciones denunciadas contra integrantes de la justicia.
El hallazgo llevó al Gobierno a considerar el traslado de Gómez a otro establecimiento penitenciario. Horas antes de confirmarse su llegada a La Picaleña, el presidente había advertido que, de ser necesario, tomaría esta medida.
“Aquí nadie va a amenazar a la Corte”, afirmó De La Espriella, quien sostuvo que cualquier intento de intimidar o presionar a los magistrados será enfrentado con todo el peso de la ley.
El mandatario también defendió la independencia de la Rama Judicial y calificó las amenazas contra jueces y magistrados como una agresión contra las instituciones de la República.
“Una amenaza contra un juez, una intimidación contra un magistrado o cualquier intento de presionarlo por el contenido de sus decisiones, es una agresión contra la justicia misma y contra la salud de la República”, manifestó.
El traslado ocurre en medio de una investigación
El procedimiento de seguridad se produjo después de que magistrados de la Corte Suprema de Justicia manifestaran preocupación por presuntas amenazas relacionadas con la decisión de la Sala Penal de revertir una absolución y condenar a Gómez por el homicidio del concejal Luis López.
Además, las autoridades investigan un presunto ataque contra instalaciones de la Procuraduría, hechos que han elevado la tensión alrededor del caso.
La situación llevó al Gobierno a reforzar las medidas de seguridad y a revisar las condiciones de reclusión del exgobernador.
La defensa pide respetar la presunción de inocencia
El abogado Gustavo Moreno, quien asumió la vocería de la familia de Gómez, reconoció que el celular fue encontrado en la celda, pero rechazó que este elemento pueda ser utilizado automáticamente para atribuirle responsabilidad en las amenazas.
El penalista pidió que se adelante una investigación rápida y sustentada en pruebas para determinar quiénes estarían detrás de las intimidaciones contra la justicia.
Moreno también dirigió un mensaje al presidente De La Espriella, recordándole su condición de abogado penalista y reclamando que se mantenga la presunción de inocencia de su representado frente a los nuevos señalamientos.
La defensa sostiene que Gómez y su familia niegan cualquier participación en las amenazas y hechos de intimidación que son materia de investigación.
Por ahora, el traslado a La Picaleña modifica las condiciones de reclusión del exgobernador mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen del teléfono encontrado en su celda y determinar si existe alguna conexión entre este elemento y las amenazas denunciadas por magistrados de la Corte Suprema.
El caso queda así bajo la lupa de las autoridades penitenciarias y judiciales, mientras el Gobierno insiste en que ninguna amenaza contra los integrantes de las altas cortes será tolerada.