Antes de que Abelardo De La Espriella llegara a la Presidencia de la República, su pasado como abogado de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, ya había generado una fuerte controversia pública.
En febrero de 2026, Murcia Guzmán, quien cumple una condena por delitos relacionados con lavado de activos y captación ilegal de dinero, reapareció públicamente para formular graves acusaciones contra quien años atrás fue su abogado defensor. Los señalamientos fueron acompañados por una queja disciplinaria presentada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
Murcia sostuvo que De La Espriella habría incumplido sus deberes profesionales durante la defensa que asumió en la etapa inicial del proceso judicial contra el empresario de DMG. Entre sus principales acusaciones estuvo la supuesta falta de devolución de una millonaria suma entregada como honorarios.
De acuerdo con las declaraciones conocidas en ese momento, Murcia aseguró que había entregado alrededor de $5.000 millones y afirmó que el dinero no le habría sido devuelto después de que el abogado se apartara de su defensa. Estas afirmaciones fueron recogidas por distintos medios de comunicación y posteriormente incorporadas a la controversia disciplinaria.
Pero los cuestionamientos no terminaron allí.
Murcia también afirmó que se habrían destinado otros recursos para realizar gestiones ante congresistas. El fundador de DMG sostuvo que De La Espriella le habría solicitado cerca de $760 millones con el propósito de hacer lobby frente a una iniciativa legislativa relacionada con el manejo de dinero en efectivo.
Los señalamientos generaron una respuesta inmediata del entonces candidato presidencial. De La Espriella rechazó las acusaciones y sostuvo que se trataba de un intento por afectar su campaña y generar un escándalo político alrededor de una relación profesional ocurrida años atrás.
La controversia también llegó al terreno disciplinario. La queja presentada por Murcia cuestionó aspectos relacionados con la lealtad, diligencia, ética profesional y confianza durante la defensa jurídica. En el documento se reclamó que las actuaciones del abogado fueran examinadas por las autoridades competentes.
El episodio volvió a poner bajo la lupa la relación profesional que existió entre De La Espriella y el fundador de DMG, una organización que terminó intervenida por las autoridades y cuyo líder fue condenado por delitos relacionados con su actividad financiera ilegal.
De La Espriella, por su parte, ha defendido que su participación en el caso correspondió exclusivamente al ejercicio de su profesión como abogado y ha rechazado las acusaciones formuladas por su antiguo cliente.
Así, meses antes de asumir como jefe de Estado, el hoy presidente ya enfrentaba cuestionamientos públicos derivados de su pasado profesional. Las acusaciones de Murcia Guzmán, sin embargo, corresponden a sus propias declaraciones y reclamaciones, y no deben presentarse como hechos judicialmente comprobados.
El caso dejó una pregunta abierta sobre uno de los episodios más controvertidos de la trayectoria profesional de De La Espriella: qué ocurrió realmente durante la relación entre el abogado y el cerebro de DMG y qué alcance tendrán las actuaciones disciplinarias promovidas por Murcia.