La situación financiera de las EPS en Colombia vuelve a generar preocupación. Un informe de la Contraloría General de la República señala que estas entidades terminaron 2025 con deudas que rondan los $58 billones, mientras persisten serios cuestionamientos sobre su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras.
El diagnóstico revela que apenas cuatro de las 28 EPS analizadas cumplen con los requisitos financieros establecidos por la legislación: Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía.
La mayor presión se concentra en las EPS intervenidas. De acuerdo con los datos recopilados por el organismo de control, durante el primer trimestre de 2026 estas entidades gastaron, en promedio, $117,8 por cada $100 recibidos, mientras que las EPS que no están intervenidas utilizaron $100,8 por cada $100.
El desequilibrio también quedó reflejado en los resultados de 2025. De las 26 EPS que entregaron información para el análisis de la Contraloría, 17 reportaron pérdidas y, en promedio, gastaron el 110 % de los recursos que recibieron.
Nueva EPS, en el centro de la alerta
Uno de los casos que más preocupa es el de Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en Colombia.
La Contraloría advierte que la EPS no reporta información financiera desde marzo de 2024. Además, no logró certificar sus estados financieros de 2025 y tampoco tiene aprobados sus estados financieros desde diciembre de 2024.
Según la explicación conocida, la entidad debe avanzar en el procesamiento de la facturación a través de sus sistemas tecnológicos antes de poder certificar sus cuentas.
La última información recopilada por el organismo de control ubica sus obligaciones en aproximadamente $26 billones.
La dimensión de esa cifra convierte a Nueva EPS en uno de los principales focos de atención dentro de la crisis financiera que atraviesa el sistema.
Millonarias obligaciones con proveedores
La problemática también alcanza a las empresas encargadas de suministrar medicamentos.
Entre 2024 y 2025, las obligaciones de las EPS con proveedores de medicamentos llegaron a $3,8 billones, según los datos citados en el informe.
El escenario genera preocupación porque las dificultades financieras de las aseguradoras terminan repercutiendo sobre toda la cadena de atención: desde hospitales y clínicas hasta proveedores de medicamentos y, finalmente, los pacientes.
La Contraloría atribuye parte del deterioro financiero al hecho de que el costo de atender a los afiliados superó los ingresos recibidos mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El informe vuelve a poner en discusión la sostenibilidad económica del sistema de salud y la necesidad de conocer con mayor precisión las obligaciones reales de las EPS.
Mientras continúan las intervenciones y los procesos de vigilancia, uno de los principales desafíos será determinar cuánto dinero necesita realmente el sistema para responder por las deudas acumuladas y garantizar la prestación de los servicios de salud a millones de colombianos.