Emilio José Tapia Aldana fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su participación en dos escándalos de corrupción que involucraron el contrato del proyecto Centros Poblados y los contratos en las Empresas Municipales de Cali (Emcali). La condena, derivada de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, también contempla la restitución de 5.063 millones de pesos, los cuales Tapia se comprometió a devolver debido a su implicación en la apropiación indebida de fondos públicos.
Caso ‘Centros Poblados’
En octubre de 2020, Tapia se involucró en el fraude relacionado con el proyecto Centros Poblados, una iniciativa para llevar acceso a internet a las escuelas rurales del país. Al enterarse de una licitación pública del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) para un contrato de un billón de pesos, Tapia conspiró con otras personas para constituir una falsa Unión Temporal, Centros Poblados, y obtener el contrato. Para ello, presentó documentos falsificados y logró recibir un anticipo de 5.063 millones de pesos, que destinó a compras personales y otros gastos, entre ellos obras de arte y vehículos.
Irregularidades en Emcali
El condenado también fue parte de un entramado en Emcali, en el que manipuló dos contratos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino. En 2021, Tapia, a través de un consorcio de empresas de su propiedad, falsificó las pólizas para asegurar los contratos y hacer incurrir en error a los funcionarios de la empresa. Los contratos en cuestión, que sumaban más de 6.200 millones de pesos, fueron avalados bajo premisas fraudulentas.
Compromiso con la Justicia
Como parte de su acuerdo con la Fiscalía, Tapia ha devuelto hasta ahora 2.532 millones de pesos mediante títulos judiciales. El saldo restante será cubierto con dos pagarés a ser entregados en 2025. Además, Tapia se comprometió a colaborar con las autoridades y ofrecer disculpas por sus acciones. A pesar de su arrepentimiento, la condena no deja de reflejar el daño ocasionado al erario público y la necesidad de continuar luchando contra la corrupción en el país.
El excontratista continuará en prisión en Barranquilla mientras cumple la sentencia, y se espera que su caso sirva como ejemplo en la lucha contra la corrupción en Colombia.
