El caso Padilla expone vacíos en la protección a mujeres víctimas de violencia en el ámbito estatal
La historia de Cristóbal Padilla Tejeda, director de Colombia Compra Eficiente, no solo transcurre entre denuncias personales y controversias sentimentales. También está entretejida con los hilos más finos del poder burocrático del actual gobierno.
Mientras su expareja lo acusa de maltrato psicológico y agresión física, según corrupcionaldia, en los despachos oficiales su nombre aparece vinculado presuntamente a negocios estratégicos, favores políticos y maniobras millonarias que lo estarían convirtiendo en uno de los funcionarios más influyentes —y más blindados— del círculo de Gustavo Petro.
Cristóbal Padilla Tejeda envuelto denuncias por maltrato físico y psicológico interpuestas por su expareja, Diana Carrasquilla por hechos, según los registros médicos y declaraciones de la denunciante, ocurrieron el 3 de junio de 2024 en un edificio del occidente de Bogotá. Carrasquilla asegura que fue agredida con un bolso en el rostro, lo que le causó una lesión en el ojo derecho, y que posteriormente fue trasladada por la Policía a una estación en Puente Aranda, donde permaneció la noche detenida.
De acuerdo con la denunciante, tras la agresión. llegaron al lugar personas cercanas al funcionario y otros empleados del Gobierno, lo que —según su relato— habría influido en el manejo del procedimiento inicial. La Fiscalía archivó la investigación y Padilla se negó a conciliar.
El director de Colombia Compra Eficiente ha negado las acusaciones y sostiene que él fue la persona agredida, lo que mantiene el caso en un punto de controversia. No obstante, las imágenes y documentos médicos conocidos por medios independientes respaldan que existió una confrontación física que dejó lesiones visibles en la mujer.
Un caso que trasciende lo personal
Aunque Padilla enfrenta también cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas y contratos de alto valor en la entidad que dirige, este episodio ha despertado una reflexión más amplia sobre la violencia de género ejercida desde el poder público y la falta de respuesta institucional ante denuncias que involucran a altos funcionarios.
Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han recordado que, según la Ley 1257 de 2008, el Estado tiene la obligación de garantizar protección efectiva a las víctimas, sin importar la posición social o política del presunto agresor. En este caso, la ausencia de medidas de protección y el archivo rápido del proceso generan preocupación.
“No se trata solo de un conflicto de pareja; cuando hay desequilibrio de poder y vínculos con el Estado, el riesgo para la víctima aumenta”, señala una abogada consultada por este medio especializada en violencia de género.
Lo cierto es que, mientras su expareja lo acusa de maltrato psicológico y agresión física, en los despachos oficiales su nombre aparece vinculado a negocios estratégicos, favores políticos y maniobras millonarias que lo han convertido en uno de los funcionarios más influyentes —y más blindados— del círculo de Gustavo Petro.
Las conexiones del poder: de Monómeros a la Triple A
La carrera de Padilla en el gobierno Petro es un manual de cómo acumular poder sin levantar sospechas. O al menos, sin que nadie parezca interesado en hacerlo.
Primero fue su nombramiento en la Junta Directiva de Monómeros, la empresa venezolana con sede en Colombia que se convirtió en una pieza clave de la recomposición diplomática con el régimen de Maduro. Allí, Padilla no solo representaba al gobierno colombiano: tejía una red de influencia política y empresarial que luego sería vital para sus siguientes movimientos.
El siguiente capítulo fue la Triple A, en Barranquilla. Daniel Rojas —entonces presidente de la SAE y hoy ministro de Educación— anunció en acto público la recuperación de la empresa de servicios públicos. Pero apenas días después, Padilla aparecía sentado en su Junta Directiva, como si el tablero ya estuviera dispuesto.
Y lo más curioso: poco después, en una serie de “ajustes jurídicos” jamás explicados, Rojas devolvió el control de la Triple A a la Alcaldía de Barranquilla. ¿Casualidad? En Colombia, las casualidades tienen nombre y apellido: favores políticos, comisiones y acuerdos de silencio.
El negocio del software: $40.000 millones
Ya con poder acumulado y respaldo político, Padilla aterrizó en Colombia Compra Eficiente con un discurso de transformación tecnológica. Su objetivo: desmontar el sistema SECOP, al que llamó “Frankenstein tecnológico”, y reemplazarlo por un nuevo software de $40.000 millones.
El libreto era perfecto: un sistema viejo, ineficiente, caro. Un diagnóstico de manual que abre la puerta al contrato dorado. Pero detrás del discurso de modernización, analistas advierten que el movimiento centraliza aún más el control de la contratación estatal, desplazando técnicos independientes y abriendo espacio a operadores cercanos al gobierno.
El concejal Daniel Briceño lo dijo sin rodeos: “Están convirtiendo Colombia Compra Eficiente en la caja de pago de influenciadores del gobierno”.
El blindaje invisible
Mientras la justicia archiva la denuncia de su expareja y avanza solo la que él interpuso, Padilla se mueve con comodidad dentro del aparato estatal. El contraste es elocuente: una mujer pide justicia por maltrato, y un funcionario acusado sigue manejando contratos de miles de millones.
La historia de Cristóbal Padilla —del despacho a la denuncia— resume algo más profundo: el blindaje del poder en Colombia, donde los hilos políticos, los contratos y la impunidad se entretejen con una precisión que ni el mejor software podría descifrar.
Silencio institucional
Hasta el momento, Colombia Compra Eficiente no ha emitido un comunicado oficial sobre la denuncia. Tampoco lo ha hecho la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, entidad encargada de promover la integridad en el servicio público.
El caso ha reavivado críticas sobre la falta de mecanismos eficaces para investigar y sancionar comportamientos de violencia y acoso en el sector estatal, especialmente cuando involucran a directivos de alto nivel.
Poder, impunidad y género
Para especialistas en ética pública, el caso Padilla ilustra un problema estructural: la impunidad que rodea las conductas abusivas en el ejercicio del poder. Cuando el agresor es un funcionario con acceso a recursos y redes políticas, el proceso judicial tiende a diluirse, dejando a las víctimas desprotegidas.
“La violencia contra la mujer en contextos de poder no es un asunto privado, sino un indicador de abuso institucional”, explica una fuente académica de la Universidad Nacional. “El maltrato no solo se da en el hogar, también se perpetúa en los pasillos del Estado cuando las denuncias se archivan y las víctimas callan por miedo”.
En espera de respuestas
A la fecha, Cristóbal Padilla continúa en su cargo, mientras las denuncias no han sido reabiertas. Diversos sectores sociales piden una revisión del caso por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Ética del Gobierno, para garantizar que se investigue con independencia y perspectiva de género.
La historia de Diana Carrasquilla pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda:
