El escándalo por la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton, a la que también fueron agregados Verónica Alcocer, Nicolás Petro (hijo del mandatario) y el ministro del Interior, Armando Benedetti, sigue creciendo y generando tensiones políticas y jurídicas dentro y fuera del Gobierno.
El propio presidente Petro reveló recientemente que está separado de Verónica Alcocer desde hace varios años, lo que ha desatado una tormenta política sin precedentes, pues —según él mismo admitió— quien se creía Primera Dama de la Nación, en realidad no lo era.
Tras estas declaraciones, expertos en derecho administrativo y finanzas criminales advirtieron que la situación podría tener graves implicaciones legales y éticas, especialmente si se confirma que Alcocer actuó, representó o contrató a nombre del Estado sin ostentar un cargo oficial.
“Es un tema muy grave porque esto podría llevar a presuntas conductas criminales por parte de la señora Alcocer y también de las entidades públicas que facilitaron la contratación administrativa. El vínculo matrimonial no existe, por lo tanto, Verónica Alcocer no tiene el estatus de Primera Dama”, señaló el profesor Juan Carlos Portilla, experto anticrimen financiero.
