Por Fulanito de Tal
En Colombia, la política ha sido históricamente un terreno fértil para la confrontación y la polarización. Sin embargo, en la última década, una nueva forma de agresión ha emergido: la guerra sucia digital. Esta estrategia, que utiliza las redes sociales y medios digitales para difundir calumnias, desinformación y ataques personales, ha escalado en intensidad y frecuencia, afectando la integridad de los procesos electorales y la confianza pública en las instituciones democráticas.
Desde las elecciones presidenciales de 2018, Colombia ha sido testigo de un incremento significativo en las campañas de desprestigio político. Estas campañas, orquestadas por actores políticos y grupos de poder, buscan desacreditar a oponentes mediante la difusión de noticias falsas, manipulación de imágenes y videos, y ataques personales en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram.
Ejemplos recientes:
- Sanciones de EE.UU. al presidente Petro: En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó al presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico. Aunque las sanciones fueron ampliamente difundidas, Petro negó las acusaciones, calificándolas de represalia política.
- Ataques a Roy Barreras: El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, ha sido víctima de campañas de injuria y calumnia, donde se le vincula con presuntas irregularidades en EPS intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro. Barreras ha tomado acciones legales contra quienes han orquestado esta campaña de desprestigio.
- Violencia política en el Congreso: En diciembre de 2024, la discusión de la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Petro fue suspendida en la Cámara de Representantes debido a intensas peleas, insultos y acusaciones de violencia política. Este ambiente de confrontación refleja la escalada de la guerra sucia en el ámbito legislativo.
La guerra sucia digital no solo afecta la reputación de los individuos, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. La desinformación y los ataques personales generan un clima de desconfianza y polarización, dificultando el diálogo constructivo y el consenso necesario para el funcionamiento efectivo de la democracia.
¿Hasta dónde llegará?
Si bien las autoridades han comenzado a tomar medidas contra estas prácticas, como la implementación de leyes contra la desinformación y la promoción de campañas de alfabetización digital, la guerra sucia digital sigue siendo una amenaza latente. La falta de regulación efectiva y la impunidad de los actores responsables permiten que estas campañas continúen proliferando.
La guerra sucia digital representa un desafío significativo para la democracia colombiana. Es imperativo que las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil trabajen conjuntamente para combatir la desinformación, promover la educación digital y garantizar que las próximas contiendas electorales se desarrollen en un ambiente de respeto y transparencia.
