Tras una tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía citó a Luis Fernando Acosta Osio, empresario barranquillero y cabeza del grupo que controla la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano, a una audiencia de imputación de cargos por cohecho y tráfico de influencias. La diligencia se realizará el próximo miércoles 29 de octubre.
El caso se enmarca dentro del expediente que llevó a la cárcel al exsenador Eduardo Pulgar, quien fue condenado por intentar sobornar al juez de Usiacurí, Andrés Rodríguez Caes, con 200 millones de pesos para que fallara a favor de los Acosta en un proceso de tutela. Según las investigaciones, Acosta Osio y su hermano Juan José Acosta fueron mencionados en las grabaciones que sirvieron como evidencia contra Pulgar.
El juez Rodríguez Caes, quien documentó la conversación, terminó exiliado tras la exposición del caso. Por su parte, Pulgar cumplió la condena impuesta por la justicia.
Retrasos en la imputación
A pesar de que el caso llevaba años en la Fiscalía, Luis Fernando Acosta Osio había logrado evadir la imputación debido a cambios reiterados de fiscales y suspensiones de audiencias. En cuatro ocasiones, las diligencias programadas fueron aplazadas a última hora.
La Corte Suprema, luego de estudiar la tutela presentada por Ivonne Acosta, contraparte del empresario en el litigio por el control de la Universidad y el Hospital Metropolitano, ordenó a la Fiscalía actuar de fondo, lo que derivó en la decisión de imputar cargos.
Reacciones y movimientos legales
En medio del proceso, la abogada Claudia Patricia Cristancho, defensora de Juan José Acosta, renunció denunciando que la estaban involucrando en actos de corrupción. Por su parte, el representante de las víctimas, Raúl Rafael Romero, rechazó los intentos de vincularlo al escándalo y reiteró su compromiso con la verdad.
Acosta Osio, por su parte, ha fortalecido recientemente su equipo jurídico con la incorporación del exmagistrado de la Corte Suprema Luis Hernández, quien desempeñó un papel clave en la elección de la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El desarrollo de este proceso judicial es seguido de cerca por la opinión pública, debido al alto perfil de los involucrados y la relevancia de los entes académicos y de salud que están bajo control de la familia Acosta.
