La idea de Gustavo Petro de acelerar la transición energética en Colombia ha llegado a un punto de alta tensión con la próxima asamblea extraordinaria de Ecopetrol, convocada para el 11 de noviembre, en la que el presidente busca dar un paso inédito: que la petrolera estatal venda sus pozos en Texas, uno de los negocios más rentables de la compañía.
El mandatario insiste en que la empresa debe renunciar a su participación en la cuenca del Permian, donde opera en sociedad con la estadounidense Occidental Petroleum (OXY) mediante técnicas de fracking, con el argumento de que no es un negocio sostenible ni ambientalmente responsable.
Sin embargo, detrás de la apuesta “verde” del presidente hay una tormenta jurídica, política y económica. Exdirectivos, expertos y hasta el poderoso sindicato de Ecopetrol (USO) han advertido que la venta podría configurar un detrimento patrimonial, además de reducir la producción nacional en más de 100 mil barriles diarios.
“Difícil encontrar un caso más evidente de posible detrimento patrimonial y abuso de funciones”, señala una carta enviada por varios expresidentes de Ecopetrol a la Procuraduría y la Contraloría.
La presión desde la Casa de Nariño
De acuerdo con revelaciones de Caracol Radio y La Silla Vacía, la discusión se trasladó la semana pasada al Palacio de Nariño, donde Petro habría exigido a los miembros de la Junta Directiva tomar decisiones “sin dilaciones” sobre tres temas: la compra de Monómeros, la importación de gas desde PDVSA, y la venta de los pozos del Permian.
El encuentro derivó en la renuncia de Mónica de Greiff, quien presidía la Junta, y cuyo reemplazo —según fuentes internas— podría ser definido en la asamblea extraordinaria. El cargo lo ocupa de forma provisional Ángela María Robledo, exfórmula vicepresidencial de Petro.
El gobierno busca aprovechar la reunión de noviembre para recomponer la Junta Directiva, incorporando perfiles más cercanos al proyecto político del presidente y vencer la resistencia interna a la venta del activo en Texas.
Entre los nombres que suenan para ingresar a la Junta figuran Angie Rodríguez, actual secretaria general de la Presidencia, y representantes de la Unión Sindical Obrera (USO), aunque las relaciones con el sindicato se mantienen tensas por su oposición abierta a la idea.
Un negocio clave en disputa
Ecopetrol adquirió su participación en la cuenca del Permian en 2019. Desde entonces, este bloque representa más del 15 % de la producción total de la empresa, y es considerado uno de los pilares de su rentabilidad internacional.
El contrato con OXY fue renovado en febrero de 2025, con un plan de perforación de 34 nuevos pozos y una inversión adicional de 880 millones de dólares. Según analistas, retirarse del negocio implicaría no solo perder producción, sino enfrentar costos de indemnización millonarios.
“Salir del Permian significaría reducir la producción de 755 mil a 640 mil barriles diarios y asumir pérdidas financieras enormes”, explicó Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes.
Además, los argumentos ambientales del gobierno son cuestionados: la extracción en Texas genera en promedio 8 kilogramos de CO₂ por barril, frente a 64 kilogramos en los yacimientos convencionales colombianos.
El sustento técnico de Petro
El presidente ha citado como respaldo un documento del Consejo Permanente para la Transición Energética, elaborado por el ingeniero Juan Gonzalo Castaño, exfuncionario de Ecopetrol, que concluye que el negocio del Permian tiene rentabilidades decrecientes.
Según el informe, la utilidad por barril cayó un 47 %, de 9,8 a 5,2 dólares, y las inversiones realizadas —cercanas a 3.800 millones de dólares— aún no se han recuperado.
Petro retoma esos argumentos para justificar que Ecopetrol debe “liberarse de los combustibles fósiles” y reorientar su capital hacia proyectos de energías limpias y sostenibles.
Una asamblea decisiva
La asamblea extraordinaria de Ecopetrol, prevista para el 11 de noviembre, se perfila como un episodio crucial en la relación entre el gobierno Petro y la empresa más grande del país.
En el orden del día figura un punto clave: la modificación de los estatutos de la compañía, lo que podría abrir la puerta a una reconfiguración estructural que refuerce la influencia del Ejecutivo.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los inversionistas, los trabajadores y el propio mercado internacional, que observa cómo la transición energética de Petro se juega una de sus cartas más arriesgadas en el tablero de la política y los negocios.
