Tres docentes de la Universidad del Atlántico —Álvaro González Aguilar, Wilson Quimbayo Ospina y Danilo Hernández Rodríguez— interpusieron una acción de tutela ante el Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla contra el Consejo Superior de la institución, alegando vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad en el marco del proceso de elección del nuevo rector.
En la acción, los profesores solicitaron una medida provisional urgente para suspender la sesión del Consejo Superior prevista para el 24 de octubre de 2025, donde se tenía programada la escogencia del rector. Los accionantes argumentan que aún no se ha resuelto la verificación de requisitos del candidato Leyton Daniel Barrios Torres, actual secretario de Educación del Atlántico, sobre quien recaen cuestionamientos en torno a la validez de su experiencia docente.
De acuerdo con el documento, el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos de la Universidad (Sintraudea) había solicitado la revocatoria parcial del acto administrativo que habilitó al candidato Barrios, señalando que los certificados aportados no demuestran un vínculo contractual real con la Corporación Universitaria Americana. Una nueva comunicación de esa institución habría confirmado que la labor del aspirante fue de carácter ad honorem, sin contratos ni aportes a seguridad social.
Los accionantes aseguran que mantener a Barrios en la lista de aspirantes habilitados “vulnera el principio de igualdad frente a los demás candidatos que sí cumplieron con los requisitos establecidos en el Acuerdo Superior No. 00001 de 2025”, y que continuar con el proceso sin resolver la controversia podría constituir una “violación grave al debido proceso”.
La tutela, registrada en línea bajo el número 3264159, también vincula al Ministerio de Educación Nacional, al cual se solicitó el pasado 22 de octubre una inspección y vigilancia prioritaria sobre el proceso de elección rectoral.
La decisión final sobre la medida provisional quedará en manos del juez administrativo, quien deberá determinar si se suspenden o no las actuaciones del Consejo Superior hasta tanto se resuelvan las verificaciones en curso.
