El millonario negocio de los trámites de tránsito: las resoluciones que podrían consolidar un monopolio en Colombia
Una serie de resoluciones expedidas por la Superintendencia de Transporte tiene en alerta a expertos y sectores políticos, ante la posibilidad de que un reducido grupo de empresas conserve por 15 años más el control del lucrativo negocio del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), un servicio que los colombianos pagan cada vez que realizan trámites relacionados con tránsito y transporte.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, designado por el presidente Gustavo Petro en abril de este año, ha liderado la actualización del sistema con el argumento de fortalecer la inspección y vigilancia del sector. Sin embargo, los documentos técnicos publicados por la entidad —que se encuentran en etapa de comentarios— establecen que solo las empresas actualmente homologadas podrán continuar prestando el servicio, cerrando la puerta a nuevos competidores.
Según los borradores, el contrato de operación del Sicov se extendería hasta 2040, bajo un esquema que mantendría las mismas compañías que ya dominan el mercado desde hace más de una década. Estas prestan servicios tecnológicos y de verificación biométrica a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y Centros Integrales de Atención (CIA).
El Sicov es un sistema diseñado para evitar fraudes en los reportes de revisiones técnico-mecánicas, exámenes médicos y cursos de conducción o comparendos. Los costos asociados —que varían entre 30 mil y 120 mil pesos por trámite— son asumidos directamente por los usuarios y recaudados por los operadores autorizados.
De acuerdo con estimaciones técnicas, el negocio podría mover alrededor de 290 mil millones de pesos anuales, una cifra que lo convierte en uno de los sistemas privados más rentables vinculados al tránsito en el país.
En el pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a varios de los operadores del Sicov por prácticas restrictivas de la competencia. Aunque las empresas implicadas ofrecieron compromisos para “descartelizar” el sistema, informes posteriores indicaron que varias de esas medidas no se cumplieron a cabalidad.
Además de los operadores tradicionales, los nuevos proyectos de resolución contemplan la ampliación del Sicov a otros sectores vigilados por la SuperTransporte, como las empresas de transporte de pasajeros, los puertos marítimos y las terminales fluviales. Esta expansión se justificaría en la necesidad de fortalecer el control sobre la información operativa, pero implicaría también un nuevo cobro para los usuarios finales.
Diversas fuentes del sector sostienen que, con este esquema, la entidad podría garantizar la continuidad de un modelo de negocio con poca competencia y tarifas sin control directo del Estado.
Actualmente, el sistema opera bajo el principio de “libertad tarifaria”, es decir, los proveedores autorizados fijan los precios de sus servicios sin una regulación específica. La Corte Constitucional tumbó en 2024 el artículo que pretendía establecer un marco legal para el cobro, dejando un vacío que hasta ahora no ha sido resuelto por el Congreso.
Mientras tanto, las resoluciones siguen avanzando. Si se aprueban en su redacción actual, las mismas empresas que desde hace años manejan la operación del Sicov podrían mantener el control hasta por cuatro gobiernos más, con la posibilidad de ampliar su participación en otros sectores del transporte colombiano.
El debate continúa abierto y distintos actores del ámbito económico y jurídico piden revisar el alcance de las decisiones para garantizar que no se consolide un monopolio de facto en un servicio que, aunque poco visible, representa miles de millones de pesos al año y afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos.
Declaración Conflicto Interés Alfredo Piñeres Supertransporte by jprieto
