En un giro inesperado, aunque no del todo sorpresivo, el presidente Gustavo Petro solicitó este viernes la salida del general Carlos Triana de la dirección de la Policía Nacional, una decisión que se da en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno por la inseguridad en varias regiones del país.
Triana había asumido el mando hace apenas unos meses, tras la salida del general William Salamanca. Su paso por la institución estuvo marcado por una serie de desafíos estructurales y operativos, así como por una agenda de cambios impulsada desde la Casa de Nariño que buscaba redefinir el rol de la Fuerza Pública en el marco de la «paz total».
Una decisión que marca un nuevo rumbo
La noticia fue dada por el propio presidente en una alocución televisada:
“He pedido el cambio del director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que debemos superar profundamente”, dijo Petro, sin mencionar un reemplazo inmediato ni los tiempos para la transición.
Más que un relevo administrativo, la salida de Triana parece ser una señal del Gobierno de que está dispuesto a hacer ajustes de fondo en su estrategia de seguridad, especialmente tras los hechos recientes que han sacudido a la opinión pública.
Un contexto de violencia que no da tregua
La decisión se produce pocos días después del atentado en Amalfi, Antioquia, donde 13 policías fueron asesinados en una emboscada atribuida a grupos armados ilegales. El ataque fue un duro golpe para la credibilidad de los acuerdos de cese al fuego con estructuras criminales y una advertencia sobre los límites de la estrategia de diálogo sin control territorial efectivo.
Departamentos como Cauca, Catatumbo y Antioquia siguen siendo epicentros de confrontación, donde la presencia del Estado es frágil y la respuesta institucional, muchas veces, insuficiente.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que esta remoción no será aislada: se vendrían más cambios dentro de la cúpula policial y militar como parte de una “reingeniería” de la política de defensa y orden público.
¿Quién llega?
Aunque no hay confirmación oficial, en círculos cercanos al Gobierno se habla de un posible nombramiento inédito: una mujer de 59 años, odontóloga y cirujana maxilofacial, oriunda de Bogotá, estaría en la baraja para convertirse en la nueva directora de la Policía Nacional. De concretarse, sería la primera mujer en liderar la institución en sus más de 130 años de historia.
La propuesta, que ha comenzado a circular en redes y medios, estaría alineada con el enfoque civilista y reformador que el presidente Petro ha promovido desde su campaña.
Como era de esperarse, el anuncio ha generado todo tipo de reacciones. Algunos sectores lo interpretan como una señal positiva: un intento de corregir el rumbo frente a una crisis de seguridad que ya no puede ser ignorada. Otros, sin embargo, lo leen como una improvisación más dentro de una política de seguridad aún sin resultados tangibles.
En el interior de la Policía, el movimiento ha sido recibido con cautela. Si bien hay reconocimiento a la gestión de Triana en temas administrativos y de bienestar, también existen tensiones internas por la relación con el Ejecutivo y las decisiones políticas que han impactado a la institución.
El presidente Petro enfrenta ahora un doble reto: recomponer su estrategia de seguridad sin ceder ante la presión militarista de algunos sectores, y mantener el compromiso con la paz sin poner en riesgo la integridad de los uniformados ni la seguridad de la ciudadanía.
Mientras tanto, el país queda a la espera de un nuevo liderazgo policial que no solo enfrente los desafíos del presente, sino que logre ganarse la legitimidad en medio de un momento crítico para la Fuerza Pública.
