La Universidad del Atlántico atraviesa una de sus crisis más profundas en años, luego de que el Consejo Superior aplazara la designación del nuevo rector mientras se espera el pronunciamiento de la Procuraduría sobre recusaciones presentadas contra varios consejeros por posibles inhabilidades. La situación ha generado alarma entre estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades locales.
El martes, la tensión se desbordó en el campus norte, donde se registraron actos de vandalismo sin precedentes. La Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social, liderada por Miguel Caro, miembro del Consejo Superior, fue atacada con grafitis y la construcción de una fogata con sillas plásticas y otros elementos que fueron controlados por el personal de seguridad de la universidad.
Grupos de estudiantes se apostaron frente a varias oficinas de vicerrectorías y el despacho de rectoría para manifestar su rechazo a las decisiones de algunos consejeros, mientras desde sectores estudiantiles se analiza la posibilidad de declarar un paro hasta que se resuelva la elección rectoral. Incluso, en la plazoleta del Bloque D, un pendón publicitario del candidato Leyton Barrios fue incendiado, intensificando la sensación de caos dentro del campus.
El pasado viernes, el Consejo Superior designó como rectora encargada a Josefa Cassiani, actual secretaria general de la universidad, tras la culminación del periodo de Danilo Hernández. Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada por estudiantes y académicos, y ahora depende del pronunciamiento de la Procuraduría sobre las recusaciones que buscan declarar la invalidez de la participación de algunos miembros del Consejo Superior.
El listado de candidatos elegibles para el cargo de rector, que define el periodo 2025-2029, incluye a Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla. La incertidumbre mantiene en vilo a la comunidad universitaria y a las autoridades departamentales, mientras se estudian las próximas acciones del Consejo Superior.
Frente a la crisis, las directivas de la universidad hicieron un llamado a la calma y al diálogo, enfatizando la necesidad de preservar la seguridad de las personas y los bienes institucionales. Se activaron protocolos especiales de vigilancia y protección, mientras el Departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales intervino de inmediato para controlar los daños.
Los candidatos a la rectoría también se pronunciaron. Danilo Hernández resaltó que el diálogo y la construcción de consensos deben primar por encima de la violencia. “Nada justifica poner en riesgo la integridad de la comunidad ni los bienes que hemos construido con esfuerzo. La universidad es primero”, aseguró. Por su parte, Wilson Quimbayo condenó los actos vandálicos que generan “zozobra” y reiteró que el campus debe ser un espacio de debate y no de intimidación. Álvaro González pidió el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para garantizar la protección de los derechos humanos en la universidad.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en su calidad de presidente del Consejo Superior, rechazó los hechos y destacó que estos actos son inaceptables y atentan contra la convivencia y los valores democráticos de la institución.
Mientras tanto, los estudiantes esperan que la Procuraduría emita un pronunciamiento definitivo sobre las recusaciones, lo que permitirá al Consejo Superior avanzar en la designación formal del nuevo rector. La comunidad universitaria confía en que este proceso se realice con transparencia, imparcialidad y respeto, restaurando la normalidad y la tranquilidad dentro del campus.
La Universidad del Atlántico, históricamente uno de los principales centros de educación superior de la región Caribe, enfrenta ahora un desafío crítico: lograr que la disputa por la rectoría no afecte la seguridad, el desarrollo académico y la convivencia pacífica que caracteriza a la institución.
