El juzgado de control de garantías dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Sandra Liliana Ortiz, exconsejera para las Regiones, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión del juez rechazó los argumentos presentados por la defensa de Ortiz, que buscaban revocar la medida. La Fiscalía demostró que Ortiz representa un riesgo para la comunidad y que podría obstruir el proceso penal si se le concediera la libertad.
Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias para servidor público, relacionados con la supuesta movilización de $3.000 millones destinados al entonces presidente del Senado, Iván Name, en un direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques de la UNGRD.
Según las investigaciones, estos recursos habrían sido utilizados para impulsar políticas del Gobierno en el Congreso, lo que implicaría un favorecimiento indebido en la contratación pública.
Con esta decisión, Ortiz continuará recluida mientras avanza el proceso judicial en su contra, en uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años.
