La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe aseguró que fue blanco de intereses económicos y persecuciones políticas.
En una audiencia cargada de tensión y emociones, Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, rompió en llanto mientras negaba cualquier participación en el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, crimen por el cual es procesada como presunta determinadora.
Gette, quien leyó una extensa declaración ante el juez, cuestionó los testimonios de exparamilitares que la señalan, afirmando que sus versiones fueron fabricadas bajo el amparo de la Ley de Justicia y Paz.
“Nunca en mi vida había tenido que presenciar tal situación, lo cual ha marcado mi vida, porque soy totalmente inocente de todo lo que se me ha acusado”, expresó entre lágrimas.
La exrectora insistió en que todo ha sido parte de un montaje judicial motivado por intereses económicos, relacionados con el legado de su fallecido esposo y la dirección de la universidad.
“La víctima soy yo. Me han querido destruir, me han vinculado con todo delito que se presenta en la zona”, aseguró.
Gette afirmó que ha enfrentado 14 procesos penales sin que exista —según su defensa— una sola prueba concreta que la relacione con grupos armados o actos criminales. Recordó que fue capturada el 12 de febrero de 2013 y desde entonces, dice, ha sido objeto de una persecución judicial.
“No hay una sola evidencia que me vincule directa o indirectamente con algún miembro de esas organizaciones. Todo ha sido producto de mentiras y manipulación”, recalcó.
En un momento de su intervención, acusó directamente al abogado Abelardo de la Espriella, representante de la parte civil en el proceso, de haberla hostigado y de promover una campaña en su contra.
“Se puso a gritar como loco y me juró que no iba a estar ni un mes en la casa, porque él se iba a encargar de que yo estuviera en la cárcel. Y así fue”, relató Gette.
También cuestionó la validez de pruebas presentadas en el proceso, entre ellas un CD aportado por Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, el cual —según dijo— fue declarado ilegal por no tener cadena de custodia ni ser audible.
“Simplemente era la palabra del doctor Arcadio contra la de Edgar Fierro. No existía ningún elemento que me incriminara”, agregó.
Conmovida, la exrectora insistió en que jamás tuvo motivos para asesinar a Fernando Cepeda, ni conflictos con su hija, María Paulina Cepeda, con quien incluso compartió parte de la herencia.
“Ni siquiera la consideré enemiga. Le entregué una parte de lo que me correspondía porque lo consideré justo”, manifestó.
Finalmente, pidió al juez analizar de manera objetiva las pruebas del expediente, denunciando que se le da más credibilidad “a un grupo de delincuentes que mataron a miles de personas” que a alguien con trayectoria académica.
“Mi único problema real fue no pagar las extorsiones realizadas por estos paramilitares”, concluyó.
