La Sociedad de Activos Especiales (SAE) enfrenta un grave panorama en la región Caribe: 268 bienes en pésimas condiciones y 1.104 sin información sobre su estado actual.
De los 3.705 inmuebles en poder de la entidad en los siete departamentos del Caribe, 797 se encuentran en zonas rurales y 2.908 en áreas urbanas, una cifra que revela la magnitud del reto logístico y administrativo que enfrenta el Estado para recuperar los activos incautados a la mafia y la corrupción.
Un problema que saltó a la luz con una tragedia
El reciente escándalo por la intoxicación masiva con licor adulterado en el sector de El Boliche, en Barranquilla, que dejó 10 muertos, destapó un hecho aún más alarmante: la “fábrica” ilegal de alcohol funcionaba dentro de una casa bajo administración de la SAE, en el barrio Las Nieves.
Esa revelación desató una ola de cuestionamientos por la falta de control, vigilancia y seguimiento de los bienes incautados.
“En muchos de estos inmuebles hemos encontrado redes de microtráfico y producción de licor adulterado. Hay más de 20 años de abandono completo”, reconoció Jaime Avendaño, director regional Caribe de la SAE, quien admitió que solo en el actual gobierno se inició un plan real de recuperación.
¿Dónde están los bienes de la SAE?
El Caribe concentra una parte sustancial del inventario nacional de la SAE.
Así están distribuidos:
- Atlántico: 1.047 inmuebles (92 arrendados, 353 desocupados, 582 ocupados, 14 sin información).
- Bolívar: 553 (86 arrendados, 162 desocupados, 294 ocupados, 1 sin datos).
- Cesar: 189 (28 arrendados, 27 desocupados, 129 ocupados).
- Córdoba: 1.261 (606 desocupados, 572 ocupados, 75 arrendados).
- La Guajira: 126 (84 ocupados, 31 desocupados).
- Magdalena: 406 (202 ocupados, 45 arrendados, 23 sin información).
- Sucre: 123 (74 ocupados, 16 arrendados).
En total, más del 30% de los bienes están ocupados sin claridad legal o en deterioro, y casi un tercio carece de registro actualizado.
Un patrimonio en ruinas
El informe regional también clasifica los bienes según su estado físico:
- Buen estado: 722 propiedades.
- Regular: 1.611.
- Mal estado: 268.
- Sin información: 1.104.
Córdoba y Atlántico encabezan la lista de bienes deteriorados o sin inspección reciente.
Avendaño explicó que muchos inmuebles “no pueden ser recuperados por la magnitud del deterioro”, por lo que la SAE opta por ponerlos a la venta con grandes descuentos, trasladando al comprador la obligación de restaurarlos.
“La SAE empezó a ser SAE solo hasta este Gobierno”
El funcionario aseguró que bajo la administración del presidente Gustavo Petro, la SAE inició un proceso de “reconstrucción institucional” tras décadas de abandono.
“Durante años nadie se preocupó por estos bienes porque eran de la mafia. Hoy estamos visitando uno a uno, para saber qué hay realmente y quién los ocupa”, explicó Avendaño, quien también anunció un programa para legalizar predios rurales en favor de campesinos y proyectos sociales.
El propósito, dijo, es transformar esos activos “en instrumentos de justicia social y desarrollo regional”.
Contexto y controversia
El caso de la casa de Las Nieves usada para fabricar licor adulterado reavivó el debate sobre la ineficiencia del modelo de administración de bienes incautados. Expertos en control fiscal advierten que mientras la SAE no consolide una base de datos pública y actualizada, seguirán proliferando ocupaciones ilegales y deterioro patrimonial.
“Lo preocupante no es solo el abandono, sino el vacío de control. Cada bien perdido o invadido es una oportunidad que se le escapa al Estado para reparar víctimas o financiar programas sociales”, señaló un exfuncionario del Ministerio de Justicia consultado por este medio.
Un rompecabezas pendiente
La SAE administra más de 37.000 bienes en todo el país, muchos de ellos con litigios o medidas cautelares. En el Caribe, la entidad reconoce que el 30% de sus propiedades aún no ha sido inspeccionado físicamente, y que algunos incluso siguen habitados por sus antiguos dueños o por terceros sin contrato alguno.
“Estamos encontrando todo tipo de casos: desde mansiones en ruina total hasta fincas productivas que aún son controladas por familiares de los expropietarios”, admitió Avendaño.
Mientras tanto, la tragedia del licor adulterado dejó al descubierto una verdad incómoda: el Estado todavía no sabe con exactitud qué tiene, en qué condiciones está, ni quién vive dentro de muchos de esos bienes que alguna vez fueron símbolo del poder ilegal.
