Mientras intenta presentarse como víctima política, el hijo del presidente omite el punto más sensible del proceso: los dineros que salpican a la administración departamental y podrían llevarlo a juicio junto a Máximo Noriega.

En una extensa entrevista con la revista Cambio, Nicolás Petro Burgos —exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro— admitió por primera vez que sí recibió $1.300 millones, aunque insistió en que se trata de “dineros lícitos”. Dijo haber cometido “errores”, pero negó tajantemente cualquier vínculo con dineros del narcotráfico o con delitos de lavado de activos.

Sin embargo, entre las frases ensayadas y las acusaciones contra la Fiscalía, el exdiputado eludió el punto neurálgico del caso: los presuntos sobornos y contratos amañados de la Gobernación del Atlántico, tema que está en el centro de la investigación por la que tanto él como su exasesor político, Máximo Noriega, serán juzgados.

El silencio más incómodo

Durante la entrevista, Petro intentó desviar la atención hacia una narrativa de persecución política. Habló de “asesinato moral”, de “instrumentalización judicial” y hasta de un supuesto “carrusel de testigos falsos” promovido por el fiscal Mario Burgos. Sin embargo, nunca explicó el origen exacto de los $1.300 millones ni abordó los testimonios que vinculan esos recursos con presuntas coimas provenientes de contratos del Atlántico durante la campaña de 2022.

De acuerdo con la investigación, los dineros habrían sido entregados a través de intermediarios políticos ligados a la administración departamental, en un intento de obtener influencia dentro del naciente Gobierno. Esa es la arista que mantiene vivo el proceso y que podría configurar delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y violación de topes de financiación electoral.

Pese a ello, Petro Burgos prefirió centrar su discurso en acusaciones contra el exfiscal general Francisco Barbosa, a quien señaló de haber intentado “extorsionar al presidente” para mantener cuotas de poder en la Fiscalía a cambio de bajar la presión del caso.

El giro discursivo: victimización política

En su narrativa, el hijo del presidente busca reencuadrar su caso como una conspiración judicial. “La Fiscalía estuvo hablando dos años de dinero del narcotráfico, pero reconoció que no lo hubo”, dijo, como si eso bastara para desvirtuar las demás irregularidades. Además, insistió en que los $1.300 millones fueron “préstamos” usados para comprar bienes, entre ellos la casa de Tubará, que, según él, terminó en manos de su expareja, Daysuris Vásquez.

Pero la versión deja más dudas que certezas. Si los recursos eran tan “lícitos”, ¿por qué nunca fueron reportados oficialmente? ¿De dónde provenían esos préstamos? ¿Y por qué coinciden temporalmente con contratos asignados por la Gobernación? Ninguna de esas preguntas obtuvo respuesta.

Un caso que podría salpicar más alto

Fuentes judiciales cercanas al expediente señalan que la línea de investigación sobre los contratos del Atlántico es la más sólida y que, si se comprueba el flujo de recursos entre contratistas, intermediarios y operadores políticos, podría comprometer a varios funcionarios departamentales.

En ese escenario, tanto Nicolás Petro como Máximo Noriega enfrentarían un juicio con pruebas cruzadas: movimientos financieros, chats, y declaraciones de excontratistas que habrían participado en la entrega de recursos con fines electorales.

Más ruido que verdad

La entrevista a Cambio fue presentada como un acto de transparencia, pero terminó pareciendo una estrategia de distracción. En lugar de aclarar las dudas sobre los $1.300 millones y los contratos bajo sospecha, Nicolás Petro optó por atacar a sus investigadores y reposicionarse como víctima de una “persecución política”.

Mientras tanto, el expediente judicial avanza y el silencio sobre las presuntas coimas de la Gobernación del Atlántico se vuelve cada vez más elocuente. Porque más allá del ruido mediático, lo que definirá su futuro —y el de quienes lo acompañaron en esa red— no serán sus declaraciones a la prensa, sino las pruebas que están por revelarse en los estrados judiciales.