La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia celebró este jueves la primera sentencia restaurativa dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que condenó a 12 exmilitares colombianos por su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2005. Los exmiembros del Batallón de Popa fueron condenados por 135 asesinatos de civiles en el contexto de los conocidos como “falsos positivos”.
La sentencia, que impone penas restaurativas de entre cinco y ocho años de prisión, tiene como objetivo no solo sancionar los crímenes cometidos, sino también contribuir a la reparación de las víctimas y el reconocimiento de la magnitud del daño causado. En este sentido, la ONU destacó que este fallo es una herramienta crucial para superar posturas negacionistas sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado colombiano.
«Esta sentencia contribuye a superar posturas negacionistas sobre graves violaciones de derechos humanos, que revictimizan a las víctimas y provocan más dolor en sus vidas», afirmó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en un comunicado.
La condena se refiere a los crímenes cometidos por los exmilitares entre 2002 y 2005, cuando asesinaron a 135 personas en el norte del país, presentándolas falsamente como guerrilleros muertos en combate. Además, el fallo reconoce la victimización desproporcionada de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo, así como de los consejos comunitarios afrodescendientes Kusuto MaGende y José Prudencio Padilla, que fueron directamente afectados por estos hechos.
El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, subrayó que la justicia transicional debe incorporar la participación de comunidades étnicas y diálogos con sistemas de justicia propios, como forma de dignificar y restaurar los derechos de las víctimas. Como parte de la sentencia, los condenados deberán participar en proyectos restaurativos, que incluyen memoriales, centros culturales y proyectos de infraestructura en colaboración con las comunidades afectadas.
Esta condena marca un paso importante en la implementación de la justicia transicional, un componente clave del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas guerrillas de las FARC.
