Cinco años después de una de las jornadas más críticas de protesta social en Bogotá, la justicia disciplinaria toma una decisión que marca un precedente: la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años y 6 meses al patrullero John Antonio Gutiérrez, por su responsabilidad en la muerte de dos manifestantes durante las protestas del 9 de septiembre de 2020.
Ese día, Colombia fue testigo de una explosión de indignación tras la muerte de Javier Ordóñez, un abogado que perdió la vida en un caso de abuso policial que rápidamente desató una oleada de manifestaciones en todo el país. Bogotá, epicentro del clamor ciudadano, vivió una noche caótica: gases, bombas aturdidoras, disturbios y, lo más grave, 13 personas muertas.
Entre esos nombres sin rostro que integraron la lista de víctimas, estaban los dos manifestantes abatidos por el patrullero Gutiérrez. Según el fallo disciplinario, el uniformado hizo uso injustificado de fuerza letal, accionando su arma de dotación contra civiles desarmados. El Ministerio Público fue enfático: «Incurrió en abuso de poder», y usó su posición «no para proteger ni restaurar el orden, sino para agredir sin justificación válida».
Las protestas, que comenzaron pacíficamente en lugares como el CAI de Villa Luz, terminaron con enfrentamientos entre civiles y el Esmad en lugares clave de la capital como la Plaza de Bolívar, donde cientos de personas se congregaban para exigir justicia y el fin de la brutalidad policial.
Ahora, casi un lustro después, este fallo se suma a una cadena de decisiones judiciales y disciplinarias que intentan darle una respuesta al país sobre lo que ocurrió aquella noche. Pero también deja una pregunta abierta: ¿ha cambiado algo en la relación entre fuerza pública y ciudadanía?
