Por David Awad V.
El reconocido abogado constitucionalista Porfirio Castillo rompió el silencio en medio de la controversia por la reciente descertificación de Colombia por parte del gobierno de Estados Unidos. Castillo desarmó las interpretaciones emocionales y ofreció una lectura jurídica y geopolítica más fría: “Esto no es un castigo a Petro, es una sanción política enmarcada en los intereses pragmáticos de EE. UU.”
A diferencia de las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que la descertificación es una forma de atacar directamente al presidente Gustavo Petro, Castillo aclaró que tanto la descertificación como la extradición son herramientas presidenciales legítimas, no vendettas personales.
“Son actos presidenciales. Que Biden sancione a Petro no es una ofensa personal: es parte de sus competencias como jefe de Estado, lo ha hecho con presidentes de derecha y de izquierda por igual”, subrayó.
“EE. UU. no tiene amigos, tiene intereses”
Castillo fue enfático en señalar que la decisión de Estados Unidos forma parte de un patrón conocido en su política exterior: ejercer presión diplomática sobre países estratégicos como Colombia, Venezuela o México cuando hay tensiones o cambios en sus enfoques internos. “EE. UU. no tiene amigos ni enemigos. Tiene intereses concretos. Y eso es lo que está en juego aquí”, afirmó.
No obstante, aclaró que la descertificación no implica una ruptura total ni el fin de la cooperación binacional. “Estados Unidos no va a dejar de cooperar con Colombia porque hay temas donde los intereses coinciden. Y eso es lo que importa realmente en las relaciones internacionales”.
El foco: extradiciones y la paz total
El abogado también advirtió que la extradición de actores involucrados en la “paz total” podría convertirse en un verdadero campo de batalla. “Ahí sí veremos tensiones serias. Si EE. UU. interpreta que hay narcotraficantes disfrazados de gestores de paz, la cooperación judicial puede entrar en crisis”, anticipó.
¿Y la política antidrogas?
Para Castillo, el mayor trasfondo del asunto no es solo político, sino estructural: la guerra contra las drogas está fracasada. “Este modelo prohibicionista ha alimentado la violencia, el crimen y la corrupción. Es hora de discutir salidas alternativas, como la regulación, el control estatal y el enfoque de salud pública. Seguir fumigando selvas y capturando campesinos no va a resolver el problema”, sentenció.
La voz de Porfirio Castillo, con su enfoque jurídico y visión internacional, introduce una lectura más sobria y estructural al debate. Frente a las tensiones políticas y los discursos viscerales, su análisis recuerda que la diplomacia —como la ley— rara vez opera desde las emociones.
