Un presunto esquema sistemático de ocultamiento contable y desvío de recursos en la Nueva EPS llegó a juicio.
Cuatro exdirectivos de la entidad deberán responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de cerca de 14 millones de facturas y el desvío de $70.500 millones en pagos adeudados a IPS entre 2019 y 2023.
Se trata de José Fernando Cardona Uribe (expresidente de la Nueva EPS), Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas), señalados por la Fiscalía General de la Nación de haber participado en una estrategia que habría maquillado las finanzas de la entidad para evitar la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
El expediente judicial revela indicios de una política deliberada para no procesar las facturas radicadas por las IPS, lo cual permitió mostrar estados financieros artificialmente positivos, generar utilidades inexistentes y mantener en operación a una entidad que, según los investigadores, debía haber sido intervenida antes de 2024.
El escrito de acusación indica que los exfuncionarios tenían la responsabilidad de controlar y monitorear los procesos financieros y de riesgo, y que incumplieron con estas obligaciones de forma sistemática y consciente.
“Se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas (…) lo cual tuvo como consecuencia un desbalance oculto en los estados financieros”, señala la Fiscalía.
Los cargos presentados incluyen:
- Falsedad en documento privado
- Fraude procesal
- Peculado por apropiación
- Omisión de control de recursos de la salud
La Fiscalía considera que estas acciones no solo afectaron a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que quedaron sin pago, sino que pusieron en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud, al ocultar la real situación económica de una de las EPS más grandes del país.
El caso se convierte en un llamado de atención para los entes de control y vigilancia sobre la necesidad de revisar de fondo las prácticas financieras de las EPS, más allá de los informes formales que presentan.
