A un año de que la Aeronáutica Civil retomara el control del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, lo que debía ser un caso de éxito en inversión pública y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria se ha convertido en uno de los escándalos más graves de mala gestión y presunto desfalco de los últimos años en el Atlántico.
La Cámara de Comercio, epicentro de un negocio fallido
Lo que se fraguó en los elegantes salones de la Cámara de Comercio de Barranquilla terminó siendo, según denuncias documentadas, un «zarpazo al Estado», disfrazado de oportunidad para modernizar el aeropuerto de la ciudad.
Bajo la figura de una Alianza Público-Privada (APP), en 2015 se firmó el contrato APP 003 con el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., integrado por Valorcon S.A., Equipo Universal S.A. e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., por más de $610 mil millones. Su objetivo era claro: modernizar y operar el aeropuerto para ponerlo a la altura de las necesidades de la Región Caribe. Sin embargo, la mayoría de las obras quedaron inconclusas, los usuarios padecieron un terminal obsoleto y la concesión terminó anticipadamente por incumplimientos.
¿Y los $25 mil millones que giró el Estado?
Pero el problema no se limita al contrato de 2015. Ya antes, con Aeropuertos del Caribe S.A. (Acsa) —con participación accionaria de la Cámara de Comercio—, el Estado había entregado $25 mil millones para adecuaciones de pista y mantenimiento. Ese dinero nunca se invirtió. En 2012, la Aeronáutica Civil inició un cobro coactivo para que los gremios devolvieran los recursos. Para marzo de 2013, la deuda ascendía a $34.883 millones. Hoy, supera los $170.000 millones, según documentos oficiales.
Entre los deudores figuran nombres pesados:
- Aeropuertos del Caribe S.A. – Acsa: $35.823 millones
- Liberty Seguros: $1.958 millones
- Cámara de Comercio de Barranquilla (socia con 24,5%)
- Sociedad Portuaria de Barranquilla, Terpel, Aeropuerto de Barranquilla S.A., entre otros
Obras sin terminar y millones perdidos
La última concesión también fracasó. Entre las obras inconclusas del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. están:
- Edificio de recibo de equipaje nacional
- Zona médica del aeropuerto
- Planta de tratamiento de agua potable
- Edificio de carga en la Zona Única de Inspección
- Cintas transportadoras y equipos de carga
Esto llevó a la Supersociedades a concluir que existía un grupo empresarial de control conjunto entre Valorcon, Equipo Universal e Inversiones Milenium, constituidos para explotar la concesión. Se impuso una multa de $100 millones, calificada por expertos como insignificante frente al tamaño del descalabro.
¿Y ahora qué? Veeduría del “yo con yo”
Para muchos ciudadanos, el colmo llegó cuando el Comité Intergremial del Atlántico, presidido por Efraín Cepeda Tarud, anunció la creación de una Veeduría Ciudadana para “vigilar” las nuevas obras del aeropuerto. ¿La misma entidad que participó en las fallidas concesiones, ahora se postula como vigilante?
La primera acción de esta veeduría fue pedir al Gobierno más de $69.800 millones para realizar obras de mantenimiento, seguridad y mejoras, las mismas que debieron haberse ejecutado con los recursos que antes desaparecieron.
“¿Dónde están las responsabilidades penales?”
El economista Jorge Vergara Carbó ha sido uno de los tantos que han denunciado insistentemente esta situación:
“No solo no devuelven la plata, sino que pretenden que les den otra concesión. Cínicos. No hay sanción moral ni penal. Esa plata es de los colombianos y causaron un daño enorme a Soledad y Barranquilla”, afirmó.
Vergara también denunció que, pese al daño causado, ninguno de los implicados ha sido sancionado penalmente, y que muchos de ellos siguen ocupando cargos de poder o participando en gremios que hoy piden nueva participación.
Lo que viene: una inversión con sabor a urgencia
Frente al desastre, la Aeronáutica Civil anunció una inversión de $149.673 millones hasta 2026 para recuperar y garantizar la operación del aeropuerto. Entre las prioridades están:
- Adecuación de salas y baños
- Reforzamiento estructural
- Mejora en iluminación y señalización
- Compra de equipos electromecánicos
- Red hidráulica y sistema contra incendios
Además, se trabaja con la ANI en la liquidación formal del contrato anterior.
Conclusión: la ‘avionada’ aún no aterriza en la justicia
La historia del Aeropuerto Ernesto Cortissoz es una crónica de negligencia, impunidad y saqueo institucional. Dos concesiones fallidas, miles de millones perdidos, y una ciudad estancada en infraestructura clave para su desarrollo.
Mientras tanto, la misma élite empresarial implicada en el desastre ahora se propone como vigilante del proceso, dejando en evidencia que, en Barranquilla, el poder económico y político aún no despega del clientelismo ni rinde cuentas a la ciudadanía.
