A Jonathan Salinas Narváez le tocó una papa caliente.
El abogado barranquillero, con experiencia en lo público pero sin antecedentes conocidos en el sector aeronáutico, será el nuevo gerente del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, uno de los aeropuertos más cuestionados del país y cuya administración vuelve a manos del Estado tras el sonado fracaso del concesionario Grupo Aeroportuario del Caribe.
La llegada de Salinas coincide con el primer aniversario de la Aeronáutica Civil al frente del aeropuerto, luego de la terminación anticipada de un contrato que dejó más dudas que avances, y muchas preguntas sin respuesta. Mientras los gremios locales hablan de «desafíos», lo cierto es que el Cortissoz hoy representa una deuda con la ciudadanía, y una muestra de cómo la plata pública puede desvanecerse sin consecuencias.
Porque sí: los gremios —esos mismos que hoy piden planificación, visión y conectividad— son también los que aplaudieron la inversión de más de $150.000 millones que se esfumaron entre renders, promesas y una terminal aérea que, en vez de parecer internacional, parece una terminal de buses de tercera. El aeropuerto que Barranquilla merece no ha llegado, y si no se habla claro, tal vez nunca llegue.
Los «desafíos» que ahora son excusas
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, señaló que el nuevo gerente debe «garantizar una operación segura, eficiente y confiable«. Una frase de cajón que se repite cada vez que hay cambio de mando. Lo mismo aplica para el llamado a «fortalecer relaciones con aerolíneas» o «mejorar la conectividad«. ¿No eran esas las metas desde hace más de una década?
Mientras tanto, la Veeduría Ciudadana del Aeropuerto promete hacer seguimiento. Pero también debe rendir cuentas. ¿Dónde estaban cuando se entregaron los recursos sin supervisión efectiva? ¿Qué informes publicaron mientras el contrato colapsaba? ¿Qué hicieron cuando los plazos se vencieron y las obras quedaron inconclusas?
Un gerente sin alas, pero con esperanza
Salinas Narváez no es el villano de esta historia. Apenas llega. Es abogado, tiene estudios en Derecho Constitucional y Administrativo, y experiencia en distintas entidades del Atlántico. Pero no es un experto en aviación ni infraestructura aeroportuaria. Y en ese detalle, quizá menor para algunos, puede estar una de las principales preocupaciones de cara al futuro del Cortissoz.
Porque administrar un aeropuerto en ruinas, con obras inconclusas, reputación deteriorada, y una ciudadanía harta de promesas, no se soluciona solo con títulos ni buenas intenciones.
¿Y ahora qué?
La Aerocivil promete una nueva inversión de $34.000 millones para “cambiarle la cara” al aeropuerto antes de diciembre. Suena bien, pero ya hemos visto esa película. Lo que se necesita no es solo maquillaje, sino cirugía profunda: reestructuración contractual, transparencia absoluta, planificación real y participación ciudadana efectiva.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio y los gremios que alguna vez fueron cómplices silenciosos del descalabro, harían bien en devolver algo más que declaraciones: devolver la plata perdida no es solo un reclamo, es una obligación moral.
