Mientras el Gobierno Nacional insiste en que su propuesta de revivir la contribución del 20% en la tarifa de energía busca garantizar los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, crecen las críticas desde el sector empresarial y gremial por lo que muchos consideran una carga burocrática adicional que resta competitividad y genera incertidumbre jurídica.
El borrador de decreto publicado por el Ministerio de Minas y Energía establece que las empresas industriales deberán solicitar formalmente la exención ante las comercializadoras de energía. Pero lo que ha encendido las alarmas es el detalle de que dicha exención no será automática: el decreto señala que “la exención no se podrá otorgar de hecho”, es decir, deberá ser aprobada y certificada previamente por la empresa prestadora del servicio, tras verificar que el solicitante cumple con los requisitos.
En la práctica, esto representa un nuevo filtro administrativo que pone en manos de las empresas prestadoras de energía eléctrica una facultad que podría generar demoras, interpretaciones dispares y hasta posibles arbitrariedades. Cada empresa industrial, incluso aquellas que hoy ya gozan de exención según la normativa vigente, tendría que iniciar un nuevo trámite individualizado, sin garantía de tiempos ni procesos estandarizados.
Expertos y analistas del sector energético advierten que el decreto, tal como está redactado, pone sobre las espaldas del aparato productivo un nuevo costo oculto: el de la tramitología. Para muchas pymes industriales, que dependen de tiempos ágiles y márgenes estrechos, esto se traduce en incertidumbre operativa, mayor gasto administrativo y riesgo de pagar una sobretasa incluso sin estar obligadas legalmente.
Además, hay preocupación sobre la falta de claridad en los criterios de evaluación que utilizarán las empresas prestadoras para decidir si otorgan o no la exención. ¿Bajo qué condiciones puede ser rechazada? ¿Quién vigila la imparcialidad del proceso?
Riesgo para la competitividad
Colombia ha venido perdiendo terreno en competitividad energética frente a países de la región. La tarifa de energía industrial ya es considerada alta en comparación con otras economías latinoamericanas. Añadir una carga del 20% —aun cuando pueda ser eximida— pero con trámites inciertos y tiempos indefinidos, desincentiva la inversión y profundiza las asimetrías del mercado, justo cuando el país impulsa una agenda de reindustrialización.
¿Legal o inconstitucional?
Más allá de las consecuencias prácticas, también se plantea un debate jurídico. Algunos exministros y expertos han señalado que modificar el régimen de exenciones mediante decreto podría vulnerar competencias del Congreso, especialmente si se trata de alterar lo dispuesto por leyes anteriores, como la Ley 1430 de 2010. Esto podría desencadenar acciones de inconstitucionalidad o demandas por parte de sectores afectados.
