La propuesta del Ministerio de Minas y Energía para revivir la sobretasa del 20% en la tarifa de energía ha desatado una tormenta de reacciones en distintos sectores del país, especialmente en la región Caribe, una de las más sensibles a los aumentos tarifarios.
El proyecto, actualmente en fase de comentarios, busca eliminar las exoneraciones vigentes para estratos 5 y 6, así como para usuarios comerciales e industriales, a fin de recaudar más recursos para subsidiar el consumo de los hogares más vulnerables —estratos 1, 2 y 3— en servicios públicos de energía y gas por redes.
Aunque el Ministerio insiste en que se trata de una medida temporal y focalizada, varios sectores alertan sobre sus efectos económicos y legales.
El trasfondo: subsidios y presión fiscal
La cartera de Minas argumenta que el creciente hueco fiscal en el sistema de subsidios ha obligado al Gobierno a utilizar cada vez más recursos del Presupuesto General de la Nación. La meta con esta propuesta es aliviar el déficit y garantizar la continuidad del apoyo a los hogares vulnerables.
“Se están evaluando exenciones específicas —como para la industria manufacturera— dentro de una lógica de reindustrialización”, aclaró el Ministerio en un comunicado.
¿Es legal hacerlo por decreto?
Para el exministro Amylkar Acosta, el problema no es solo económico, sino legal. “Modificar la contribución que ya fue derogada por el Congreso requiere una reforma legal, no un decreto”, advirtió. Según Acosta, la norma vigente eliminó esa carga específicamente para la industria, y revertirla sin pasar por el legislativo es inconstitucional.
Los gremios también levantan la voz
Desde la sociedad civil, también hay reparos. Norman Alarcón, de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, señaló que el decreto no solo sería jurídicamente débil, sino económicamente peligroso:
“Los sectores productivos trasladarán ese costo a los precios finales, lo cual tendrá un efecto inflacionario directo. Terminarán pagando los ciudadanos comunes y corrientes, no solo los estratos altos”.
¿Qué sigue?
El decreto aún no ha sido firmado y continúa abierto a observaciones. Mientras tanto, el Ministerio insiste en que la discusión sigue abierta y que está dispuesto a revisar el texto en función del diálogo con los diferentes actores sociales, empresariales y políticos.
Por ahora, el debate sigue vivo y pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿quién debe cargar con el costo de los subsidios en Colombia?
