Hace casi un cuarto de siglo, la familia Santana Páez vio cómo la violencia del conflicto armado le arrebataba a varios de sus miembros en un episodio que marcó sus vidas para siempre.
Hoy, tras siete años de funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Barranquilla, sus resultados siguen siendo mínimos, dejando a cientos de familias en el limbo y sumidas en la frustración.
El 17 de diciembre de 2001, Ludis Santana Páez y seis personas más —incluyendo dos de sus hermanos— desaparecieron de forma violenta en la vía que conecta Palmor, corregimiento de Ciénaga, con Barranquilla. El vehículo en el que se desplazaban fue interceptado por hombres armados cerca del peaje en Tasajera, quienes se los llevaron sin dejar rastro.
Desde entonces, el dolor y la incertidumbre han sido el pan de cada día para esta familia. Pese a múltiples esfuerzos, la Unidad de Búsqueda no ha entregado avances concretos que permitan conocer el paradero de los desaparecidos. Un familiar relata cómo, en 2002, un cuerpo apareció en el río Magdalena, pero sobre los demás no hay noticias.
Las tragedias no paran ahí. La familia Santana Páez también sufrió el asesinato de dos parejas de la madre de Ludis, víctimas de la violencia armada que azotó la región, lo que obligó a esta familia a desplazarse forzosamente a Barranquilla en los años 90 tras ser despojados de sus tierras.
Los familiares denuncian que la Unidad de Búsqueda guarda silencio y ha hecho poco para esclarecer estos casos. Informes de la Fiscalía señalan torturas y asesinatos brutales de las víctimas, sin que estas pistas hayan sido tomadas en cuenta en las investigaciones.
La situación es un reflejo del desempeño deficitario de la entidad en la región. Desde su apertura en 2018, solo se han recuperado y entregado dignamente tres cuerpos y encontrado con vida a tres personas, cifras insignificantes frente al universo de 1.377 personas desaparecidas en Atlántico, Magdalena y San Andrés.
Además, la actual coordinadora regional, designada en 2024, enfrenta críticas por su falta de experiencia y liderazgo, lo que habría dificultado aún más el avance de la entidad en un escenario complejo y sensible.
Mientras la Unidad de Búsqueda permanece estancada, más de 300 familias claman por justicia y respuestas que les permitan cerrar las heridas abiertas hace décadas.
En próximas entregas, se dará a conocer otras denuncias de víctimas que evidencian la necesidad urgente de reformar y fortalecer esta entidad para cumplir con su mandato humanitario.
