La campaña presidencial de Gustavo Petro vuelve al centro del debate político y jurídico en Colombia. Según fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), el equipo de la campaña ‘Petro Presidente’ sí habría violado los topes de financiación permitidos por la ley, al superar el límite por más de $3.500 millones, sumando irregularidades en ambas vueltas presidenciales de 2022.
La ponencia, que ya está lista, sería presentada esta semana ante la Sala Plena del CNE, donde se votará si se aprueba o no el proyecto de resolución que ratifica los hallazgos de la investigación administrativa. Una vez se defina su aprobación, el siguiente paso será establecer las sanciones correspondientes.
¿Quiénes serían los responsables?
Aunque el presidente Gustavo Petro no será objeto de sanción directa –por tratarse del jefe de Estado y estar amparado por un fuero especial–, sí lo serían los responsables administrativos y financieros de la campaña.
Entre los nombres que figuran en el documento están:
- Ricardo Roa, entonces gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, quien enfrentaría una multa que podría superar los $4.000 millones.
- Lucy Mogollón, tesorera.
- María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, auditores.
- Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, por haber avalado la candidatura.
Lo que encontró el CNE
La investigación del CNE fue abierta formalmente en octubre de 2024, a partir de una denuncia que advertía sobre una posible financiación irregular no reportada por más de $5.300 millones.
En mayo de 2025, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron un informe detallado, en el que se señalaba que durante la primera vuelta presidencial se omitieron gastos por más de $3.700 millones, mientras que en la segunda vuelta la cifra alcanzaba los $1.600 millones.
Una de las omisiones más graves tendría relación con un contrato de servicios aéreos con la empresa SADI, que habría prestado apoyo logístico a la campaña sin ser debidamente reportado.
¿Qué consecuencias podría traer esta decisión?
Aunque las sanciones serían de carácter administrativo, el fallo del CNE podría obligar a la campaña a devolver los recursos de reposición de votos que recibió del Estado, lo que significaría una pérdida económica millonaria.
El presidente Petro, por su parte, no será juzgado por el CNE, dado que la Corte Constitucional ya estableció que cualquier proceso que lo involucre directamente debe pasar por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, su juez natural.
Por ahora, todas las miradas están puestas en la Sala Plena del CNE, que deberá tomar una decisión que podría convertirse en un precedente histórico sobre la transparencia y el control de los recursos en campañas presidenciales.
