- El Tribunal acogió la acción popular interpuesta por la Procuraduría para proteger derechos colectivos al medio ambiente sano y equilibrio ecológico.
- Se ordenó el cierre temporal de Rose Cay y restricciones de acceso a Haines Cay como parte del restablecimiento ambiental.
En ejercicio de su función misional de proteger los derechos colectivos, la Procuraduría General de la Nación logró que el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina adoptara medidas urgentes para proteger los ecosistemas marinos de los cayos Rose y Haines Cay, conocidos como Cayo Acuario.
Tras acreditar una afectación grave en esta zona de alta inestabilidad ambiental, ocasionada por el turismo masivo, la falta de control institucional y la inexistencia de servicios sanitarios adecuados, el Ministerio Público sustentó la necesidad de adoptar acciones inmediatas bajo el principio de precaución.
Entre las irregularidades se advirtieron: la operación de establecimientos comerciales sin infraestructura básica, la descarga de aguas contaminadas al mar y la erosión acelerada causada por el tránsito desmedido de embarcaciones.
En consecuencia, el Tribunal ordenó el cierre temporal de Rose Cay por seis meses y dispuso cierres trimestrales de tres días en Haines Cay para permitir su recuperación ecológica.
Adicionalmente, exigió desmontar las estructuras fijas instaladas en la zona, realizar estudios técnicos actualizados de capacidad de carga y reubicar la actividad comercial bajo parámetros sostenibles.
Estas medidas se tomaron luego de la actuación preventiva desplegada por la Procuraduría, en el marco del cumplimiento de los preceptos de protección del medio ambiente y la promoción de la sostenibilidad ambiental del territorio insular.
La Entidad continuará vigilando el cumplimiento del fallo y las acciones coordinadas que deben desarrollar Coralina, la (Dirección General Marítima) DIMAR y la Gobernación.