La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre cuatro predios rurales ubicados en Turbaco (Bolívar), presuntamente adquiridos por un exfuncionario del Fondo para la Reparación de las Víctimas con recursos de origen ilícito.
De acuerdo con la investigación, entre 2015 y 2017 el exservidor habría participado en un entramado de corrupción que levantó embargos sobre bienes en Bolívar y Córdoba, valiéndose de documentación falsa y otras maniobras fraudulentas. Posteriormente, estos activos fueron comercializados a terceros, generando un enriquecimiento indebido.
La Fiscalía señaló que durante al menos dos años, el implicado adquirió inmuebles con el dinero obtenido de estas operaciones irregulares. Por estos hechos, varios servidores públicos y particulares han sido vinculados a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.
Los bienes afectados por las medidas tienen un valor superior a 412 millones de pesos y pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza el trámite de extinción de dominio.
Las autoridades continúan la investigación para establecer el total de bienes involucrados y la posible participación de otros funcionarios en la red de corrupción.
