La imprudencia institucional no puede seguir disfrazándose de gestión. En Salamina, Magdalena, las acciones de la alcaldía municipal han cruzado la línea entre lo cuestionable y lo peligrosamente negligente. A pesar de las advertencias claras de entidades como el Instituto Nacional de Vías (Invías), y de compromisos adquiridos hace dos meses en una mesa de trabajo, la administración local decidió poner en funcionamiento dos ferrys en una zona declarada erosionable, ignorando por completo el riesgo latente.
La comunidad esperaba medidas de mitigación. Lo que recibió fue indiferencia oficial y una operación desafiante, impulsada —al parecer— más por intereses políticos que por responsabilidad con la vida de los salamineros.
Ni las advertencias de Invías, hechas hace más de un año, ni las reiteradas recomendaciones de los entes de control, han sido suficientes para frenar la actitud prepotente del alcalde Edwin Pabón y su círculo de confianza. Así no quieran admitirlo, el riesgo es real, inminente y evitable.
¿Será necesario esperar una calamidad para que se tomen decisiones sensatas? ¿Tendrá que ocurrir una tragedia para que la Procuraduría General de la Nación y demás órganos de control actúen con firmeza?
Hoy la comunidad de Salamina no solo está expuesta a la erosión del río Magdalena, también enfrenta la erosión institucional de una administración que ha decidido ignorar el deber fundamental de cualquier gobierno: proteger la vida de su gente.
