jueves, agosto 7, 2025

Explota la “matriz bomba” de Olmedo López: el caso UNGRD salpica a Velasco, Jaime Ramírez y revive fantasmas en Casa de Nariño

El escándalo de corrupción más explosivo del Gobierno Petro sigue creciendo. Ahora, nuevos nombres se suman al entramado de irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La bomba más reciente: Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia, fueron señalados en la matriz de colaboración entregada por el exdirector Olmedo López a la Fiscalía.

Ambos funcionarios habrían tenido participación en el esquema de desvío de recursos y entrega de contratos multimillonarios, en un intento por comprar respaldos legislativos para las reformas del gobierno.

¿Qué reveló la matriz?

En dicha matriz —que ya desató investigaciones, capturas y citaciones judiciales— Olmedo López apuntó directamente hacia las altas esferas del poder, incluyendo ministros, asesores y congresistas. Velasco, según López, habría presionado para beneficiar al senador Julio Elías Chagüi con un contrato de $35.000 millones, que no se firmó por la explosión mediática del caso. A su lado, Jaime Ramírez Cobo también aparece mencionado como uno de los cerebros técnicos detrás de las decisiones contractuales.

Aunque la Fiscalía firmó un principio de oportunidad con Olmedo López en junio de 2025, el acuerdo acaba de ser rechazado por un juez, quien advirtió graves fallas en la argumentación del ente acusador. El riesgo es claro: todo el castillo de naipes puede venirse abajo, y con él, las acusaciones contra los implicados de mayor rango.

Las piezas del rompecabezas

Desde febrero de 2024, el país supo que la UNGRD compró 40 carrotanques por $46.800 millones para La Guajira, pero muchos de ellos ni siquiera podían operar en zonas desérticas. Se identificaron sobrecostos y contratos direccionados. El escándalo terminó costándole el cargo a López y a su subalterno, Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión tras aceptar cargos.

Ambos iniciaron una ola de delaciones que apuntaron a pesos pesados: los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido sobornos de $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, según López y Pinilla, para apoyar reformas del Ejecutivo en el Congreso.

Pero las revelaciones no paran ahí. La exasesora del ministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, también fue escuchada por la Corte Suprema y confirmó que varios excongresistas habrían influido en la Comisión de Crédito Público para obtener contratos regionales a cambio de votos legislativos.

Entre los nombres mencionados están: Julián Peinado, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Lilia Bittar y Juan Diego Muñoz.

Contratos a dedo y reuniones secretas

Uno de los episodios más comprometedoras involucra a Martha Peralta, expresidenta de la Comisión Séptima del Senado, quien, según la Fiscalía, facilitó un contrato de $2.210 millones a personas cercanas para maquinaria en Riohacha. Olmedo López declaró que Peralta se reunió el 19 de septiembre de 2023 con los contratistas Isaac y Jorge Riscala, dueños de Inversiones IRL S.A.S., para acordar el negocio, que fue firmado el 25 de octubre.

¿Todo se va a pique?

A pesar de que López se comprometía a pagar una multa de más de $700 millones y a colaborar activamente con la justicia, el juez del caso advirtió que la Fiscalía no sustentó debidamente la utilidad de su testimonio y que simplemente se limitaron a entregar documentos sin explicar su relevancia.

“El caso pudo sustentarse mejor”, dijo la jueza. Pero lo que está en juego no es solo una investigación, sino la credibilidad misma del sistema judicial y de la lucha contra la corrupción en las entrañas del poder.

Por ahora, la Corte Suprema citó nuevamente a declarar a Sneyder Pinilla los días 13, 14 y 15 de agosto, y se esperan nuevas decisiones sobre los implicados. La gran pregunta sigue siendo: ¿se hará justicia o el escándalo terminará sepultado por errores procesales?

El país espera respuestas. Porque, como dijo una fuente cercana al caso: “esta matriz no solo revela el modus operandi del Gobierno, sino también la fragilidad institucional para castigar a los verdaderos responsables”.

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