El drama de la corrupción en la UNGRD suma otro capítulo digno de una serie política: la Corte Suprema de Justicia acaba de cerrar la etapa de pruebas contra los exjefes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes podrían pasar de expresidentes legislativos a protagonistas estelares en el banquillo de los acusados.
Ambos están detenidos —aunque cómodamente— en el pabellón VIP para funcionarios públicos en La Picota, Bogotá. Porque si algo tiene este país, es que hasta el castigo viene con privilegios.
La Corte, que no se dejó convencer por las maniobras dilatorias, le negó a Name su intento de recusación contra los magistrados que ordenaron su captura (sí, esos mismos que según él estaban «prejuzgando»). Ahora, el magistrado Francisco Farfán deberá redactar la ponencia que diga si esto sigue a juicio… o si todo termina en otra cátedra de impunidad nacional.
Según la Fiscalía, Iván Name habría recibido la módica suma de $3.000 millones como «incentivo» para moverle las caderas al Congreso con las reformas sociales del Gobierno Petro. El dinero, dicen, habría llegado de la mano de Sandra Liliana Ortiz, enviada especial del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González.
Andrés Calle, por su parte, estaría un poquito más barato: solo $1.000 millones en el maletín, presuntamente entregados por el famoso (y ya casi influencer) Sneyder Pinilla, a cambio de apoyar proyectos «estratégicos» de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Ahora el país entero espera que la Corte decida si les toca enfrentarse a juicio por cohecho impropio y peculado por apropiación… o si todo esto fue apenas un malentendido multimillonario.
Porque en Colombia, cuando se trata de políticos y corrupción, el verdadero riesgo lo corre la justicia.
